Así lo defendió en un comunicado en el que subrayó que dicha reforma, que fue aprobada con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, además de eliminar el término “disminuidos”, que, a su juicio, “atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad”, también “actualiza” el enfoque de la Carta Magna al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este contexto, su presidente, Luciano Poyato, trasladó su “felicitación” al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y a todo el movimiento social de la discapacidad “por su lucha y por su trabajo”, que, a su entender, “han logrado un hito histórico que hacen de España un país mejor”. “Es un orgullo para todo el Tercer Sector y un motivo de verdadera satisfacción”, abundó.

A este respecto, el presidente del Cermi y vicepresidente de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil de la PTS, Luis Cayo Pérez, aseveró que esta reforma supone “una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada de nuestro país” y “una reforma que impulsa la igualdad y la justicia social”.

La plataforma puntualizó que la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución “explicita” que los poderes públicos realizarán las políticas “necesarias” para “garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad” e implica un “compromiso con la autonomía y la libertad de elección de las personas con discapacidad”.

Junto a ello, valoró que esta primera reforma social de la Constitución Española, además de cambiar el enfoque de las políticas públicas hacia las personas con discapacidad, “menciona específicamente” a las mujeres y menores con discapacidad “en línea” con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y “reconoce” la “necesaria” participación de las organizaciones de la sociedad civil.