Así lo reclamó en un comunicado en el que solicitó que “se abandone cualquier otra pretensión para la que no existe el consenso mínimo” y que, a su juicio, “puede frustrar la legítima demanda del sector de la discapacidad” de que la Carta Magna sea “respetuosa, promueva y proteja los derechos de este grupo social”.

La Plataforma del Tercer Sector reiteró así su “apoyo” al movimiento social de la discapacidad que lleva defendiendo esta reforma, que, dijo, cuenta con un “amplio respaldo social y político”, durante casi dos décadas.

Junto al Cermi, apeló a la “responsabilidad” de los grupos políticos del Parlamento para que “centren” sus esfuerzos “únicamente en llegar a un amplio acuerdo” para modificar el artículo 49 con el fin de “saldar constitucionalmente” una “deuda con más del 10 por ciento de la población española”.

Ambas organizaciones afirman que plantear otras cuestiones, que “nada tienen que ver” con las personas con discapacidad, al hilo de esta reforma “pone en riesgo el objetivo de retirar del texto constitucional la expresión hiriente “disminuido” y sustituirla por la de “personas con discapacidad”, así como “reformular” el artículo “en clave del nuevo paradigma de derechos humanos de entender esta realidad exigido por la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad”.

Por último, la Plataforma del Tercer Sector exigió “respeto” para un debate y procedimiento de reforma que, espetó, “desde el inicio está centrado solamente en las personas con discapacidad”. “Un debate que no debe mezclarse con otros que son una amenaza para que esta primera reforma social de la Constitución culmine definitivamente, tras tantos años de espera”, resolvió.