En declaraciones a Servimedia, Galván se refirió a la necesidad de agilizar las listas de espera, que en algunas comunidades autónomas llegan a los dos años, para lo que es necesario “formar al personal y dotar con más medios a las Administraciones”.

En principio, consideró que el trámite de urgencia para situaciones de especial necesidad previsto en el real decreto “es una buena noticia”, aunque “estaremos atentos a su implantación”.

Por ello, instó al Imserso a elaborar un informe de seguimiento y evaluación del nuevo baremo una vez pase el primer año de funcionamiento, para “estudiar si las expectativas de flexibilidad, accesibilidad y agilidad se cumplen”.

Entre las novedades del nuevo modelo, figuran el establecimiento de criterios comunes a todo el territorio y la consideración de la discapacidad desde “una perspectiva social, que supere el enfoque médico rehabilitador”.

Se trata de atender a las barreras que puede imponer el entorno y la participación social efectiva de las personas, más allá de sus déficits médicos.

Por eso, “este nuevo baremo debe contribuir a una mejor valoración de los grados de discapacidad intelectual y del desarrollo”, explicó Galván.

De ahí la necesidad de verificar si se aplica de forma efectiva y de la misma manera en todo el Estado, concluyó.