Así lo defendió el coordinador del proyecto 'Transformación Digital para la Inclusión' de Plena inclusión España, Rafael Robledo, en un diálogo sobre 'Ciberseguridad y Personas con Discapacidad Intelectual', organizado por Plena inclusión y la agencia de noticias Servimedia.

En este encuentro también participaron Diana Núñez, técnica de Talento en Ciberseguridad del Incibe, y Óscar Pueyo, experto en accesibilidad cognitiva y validador de contenidos de la confederación Plena inclusión España.

En su intervención, Robledo se refirió a la Alianza Tecnológica por la Inclusión (ATI), un proyecto de la confederación que busca implicar a empresas tecnológicas y de base tecnológica para que tomen conciencia del beneficio social y económico de crear desarrollos y dispositivos que contemplen la accesibilidad cognitiva y se comprometan con ella.

En la actualidad, un total de 13 compañías (bancos, universidades, telecos…) forman parte de la iniciativa y, según Robledo, se está trabajando "para incorporar a muchas más”.

El experto también reclamó que “la accesibilidad cognitiva, como parte de la accesibilidad universal, se tenga en cuenta en todo el desarrollo de dispositivos, aplicaciones, productos y servicios de base tecnológica”.

“Estos criterios han de considerarse desde el principio”, recalcó. Por lo que, a su juicio, es importante que haya personas con discapacidad intelectual expertas que “validen la accesibilidad cognitiva de los nuevos productos”.

Tal y como explicó, las principales empresas tecnológicas tienen equipos "cada vez más grandes dedicados a la experiencia de usuario”. Sin embargo, “aún no cuentan con este perfil del validador para garantizar la accesibilidad cognitiva”, lamentó.

Señaló que en la etapa actual, las compañías participantes en ATI “se están acercando e interesando sobre cómo formar a sus profesionales en accesibilidad cognitiva”.

En su opinión, este proceso debería culminar con la incorporación de validadores con discapacidad intelectual a las plantillas de estas empresas, "para certificar que todos los productos cumplen con los estándares de accesibilidad cognitiva”.

FORMACIÓN E INCLUSIÓN

Además, consideró que cada vez hay “más contenidos, plataformas, servicios y avances tecnológicos, pero las personas con discapacidad intelectual no pueden quedarse fuera”.

Robledo criticó que la brecha digital “cada vez afecta a más personas”, motivo por el que, desde este proyecto de TDI, “hemos puesto en marcha varias líneas de formación" encaminadas a mejorar su capacitación “en competencias tecnológicas y digitales".

El aspecto de la ciberseguridad se trata “de manera trasversal en todas ellas”, explicó, y “la hemos incorporado en todas nuestras formaciones”.

Defendió que “la reducción de la brecha digital no tiene sentido si no va encaminada a mejorar la inclusión social” de este colectivo, que “cada vez encuentra más dificultades para utilizar las nuevas tecnologías”. “Y si no las empleamos, nos quedamos fuera de este mundo”, concluyó.

CUESTIÓN DE DERECHOS

Según Óscar Pueyo, las personas con discapacidad intelectual “necesitamos que la tecnología sea fácil de entender porque la accesibilidad cognitiva es 'un derecho llave' que abre la puerta a más derechos”.

Como ejemplo, Pueyo detalló sus problemas para acceder al sistema de salud. “He intentado pedir cita por teléfono, pero hay que dar muchos pasos y apretar muchos botones”, describió. Tampoco puede solicitar cita online, así que al final, prefiere ir "presencialmente al centro de salud, como también les pasa a muchas personas mayores”.

En la misma línea, destacó que cuando se compra un móvil o un ordenador nuevo, necesita “de otra persona que me lo ponga a punto porque me resulta muy difícil instalar el Whatsapp y los programas”. De igual modo, comentó que le es "muy difícil utilizar el programa para fichar online” y “nunca he comprado por Amazon”.

Tampoco ha utilizado nunca la banca online y, hasta hace muy poco, jamás había sacado dinero de un cajero “porque no lo veía nada claro”. “Ahora ya sí, gracias a la formación”, indicó.

A su juicio, otro aspecto donde hay mucho que mejorar tiene que ver con todo lo relativo al trato con las administraciones públicas.

SENCILLEZ

“Los procesos son muy complicados”, idea en la que coincidió con Rafael Robledo. Desde conseguir el certificado digital a gestionar el DNI, reclamó que todos estos trámites “sean mucho más sencillos”.

Por su parte, Diana Núñez detalló los esfuerzos del Incibe para mejorar la formación en ciberseguridad de las personas con discapacidad.

En su opinión, “debemos apostar por la personalización y por que las formaciones y las herramientas empleadas se adapten a los distintos públicos”. “No es lo mismo llegar a un nativo digital que a una persona mayor” o a alguien con discapacidad.

Por ello, “nuestras campañas de sensibilización también han de incluir su experiencia y necesidades específicas”.

Núñez quiso poner en valor la colaboración entre el Incibe y Fundación ONCE para la formación de profesionales con discapacidad expertos en ciberseguridad. “Está a punto de concluir la tercera de estas formaciones”, dijo destacando las oportunidades de empleo que existen en dicho sector.

De hecho, los cursos incluyen preparación en ciberseguridad (donde participa el Incibe), que después Fundación ONCE completa con una serie de habilidades encaminadas a mejorar la empleabilidad de los estudiantes: desde cómo afrontar una entrevista a cómo desenvolverse en un nuevo trabajo.

A su juicio, representa “un importante nicho de empleo”, igual que la accesibilidad cognitiva puede suponer “una ventaja competitiva en el mercado”.

"Desde luego, si me dan a elegir entre (algo) difícil y (una opción) más fácil, me quedo con lo segundo", corroboró Robledo.