Así lo indicó el director de Plena inclusión España, Enrique Galván, en declaraciones a Servimedia, al valorar la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que este miércoles concluyeron su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Galván consideró la aprobación como una “gran noticia” y “un avance necesario” para ampliar derechos, aunque reclamó abordar el problema del copago y avanzar hacia un mayor consenso entre las administraciones y los grupos políticos.

Destacó que la reforma supone “una política de la buena” porque, a su juicio, “va a ensanchar derechos de toda la ciudadanía” y fortalece la sostenibilidad del sistema de dependencia, una cuestión que consideró necesaria para el conjunto de la población.

Entre los aspectos que valoró de la reforma, señaló especialmente el compromiso de que el Estado asuma el 50% de la financiación de la dependencia y el impulso de un sistema de apoyos “más centrado en la persona, en la comunidad, más flexible” y adaptado a las necesidades individuales.

También puso en valor que la reforma facilite el acceso a determinados derechos mediante la asimilación de la dependencia con la discapacidad, una medida que, según explicó, permitirá evitar que muchas personas tengan que “afrontar trámites largos para defender sus derechos”.

FACILITADOR JUDICIAL

Desde Plena inclusión, Galván consideró especialmente relevante la incorporación de la figura del facilitador judicial, al entender que permitirá que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan relacionarse con la Administración de Justicia de una manera “mucho más atenta”, con capacidad para escuchar y explicar los procedimientos.

Asimismo, mencionó la atención a las personas más vulnerables, especialmente a los niños pequeños y a los menores con enfermedades graves, como otro de los ámbitos en los que espera que la reforma permita avanzar.

El director de Plena inclusión España defendió que, en un contexto marcado por la “incertidumbre” y la “polarización”, las mejoras en materia de derechos “deberían situarse por encima de las diferencias políticas”.

“La mejora en derechos no tiene colores, tiene cara, ojos de personas, sus expectativas, sus ganas de vivir en comunidad”, afirmó, antes de expresar la satisfacción de la organización por la aprobación y el avance de la reforma.

No obstante, Galván señaló que la modificación legislativa deja cuestiones pendientes. Entre ellas situó de forma destacada el copago en el sistema de dependencia, un problema que, según recordó, lleva años sobre la mesa a través de una iniciativa legislativa popular.

“Nos preocupa las dificultades para el día a día de muchas personas con discapacidad”, explicó, para reclamar tanto al Estado como a las comunidades autónomas “sensibilidad ante las necesidades de estas personas”.

En este sentido, advirtió de que “no podemos aceptar un copago que limita la capacidad de vivir de las personas” y que puede dejarlas “en situación de pobreza prácticamente”. Por ello, reclamó que en algún momento las administraciones asuman este reto y garanticen una capacidad económica suficiente para que las personas con discapacidad puedan desarrollar “una vida digna”.

UN “PROYECTO DE PAÍS”

Galván también defendió la necesidad de que el despliegue de las reformas se aborde como “una tarea de proyecto de país”, con acuerdos entre las administraciones local, autonómica y estatal.

A su juicio, debe existir “una voluntad compartida y una visión de Estado” por parte de todas las administraciones y de los partidos y grupos políticos para hacer posibles los cambios previstos.

“Las personas lo que precisamos son apoyos, oportunidades y una sociedad mucho más justa, pero todavía queda mucho por hacer”, sostuvo.

En cuanto a la falta de consenso político en torno a la tramitación de la reforma, reconoció que el contexto actual “no ayuda a generar esos consensos y esa unidad de acción en el ámbito de la discapacidad”. Sin embargo, expresó su confianza en que, durante el despliegue de las nuevas medidas y desde la responsabilidad compartida, “las necesidades de las personas y sus derechos primen sobre otros posicionamientos e intereses”.