Julia, Rebeca y Fernando son los tres profesionales de Plena inclusión Castilla-La Mancha que trabajan en los seis centros penitenciarios y dos centros de inserción social de la región para mejorar la situación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que enfrentan los desafíos de la reclusión.

Aunque el programa de Plena inclusión España en prisiones se mantiene desde 1987 en todo el país, Julia, Rebeca y Fernando han llevado la visión de la inclusión activa a un nivel profundamente personal y profesional desde 2007 en Castilla-La Mancha.

Los tres dedican sus esfuerzos a apoyar y guiar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se encuentran en un momento crítico de sus vidas a través de una labor que no sólo es profesional, sino también humana y muy comprometida, según Plena inclusión Castilla-La Mancha.

La misión es contribuir al desarrollo de una vida de calidad para estas personas y sus familias, promoviendo su inclusión activa en una sociedad justa y solidaria. Esta labor adquiere un significado mayor al considerar que las personas con discapacidad intelectual a menudo son uno de los grupos más marginados y excluidos en el entorno carcelario.

UN DÍA CUALQUIERA

En un día cualquiera, Julia trabaja en la cárcel de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) brindando apoyo a personas con discapacidad intelectual. Allí visita a seis internos, pero su labor va más allá del horizonte amarillo que se divisa a través de las paredes de este centro penitenciario, donde pasa a ser ‘Doña Julia’.

Se reúne con la trabajadora social y los funcionarios de cada módulo, y realiza una importante labor a través de las familias y los servicios sociales del entorno de cada preso con vistas a trabajar en su inserción comunitaria.

"A veces les doy caña", afirma, con el propósito de alentar su participación en la escuela de alfabetización asociada a cada módulo. Esto les permite expandir su conocimiento y mantenerse ocupados con diversas labores dentro del centro penitenciario, como la cafetería, la lavandería, el economato o la cocina, entre otras oportunidades laborales disponibles.

Julia destaca “el trato humano, la labor de sensibilización impulsada y la mejora en el trato y la formación” como avances para estas personas. Esos progresos son los “logros” de una tarea impulsada desde la convicción de dotar de las herramientas necesarias a las personas con discapacidad para su inclusión en cualquier ámbito. “La sociedad debe reconocer también la discapacidad en prisión”, defiende.

Plena inclusión aborda una gama de necesidades que rodean a quienes se enfrentan a la reclusión, desde prevenir la comisión de delitos y evitar el ingreso en prisión hasta adaptar las condenas a las particularidades de cada individuo y facilitar la obtención de prestaciones y ayudas.

El subdirector de Tratamiento del centro penitenciario de Herrera de La Mancha, Miguel Ángel Murcia, reconoce y valora los recursos que ofrece Plena inclusión Castilla-La Mancha, especialmente en cuanto a la colaboración estrecha que permite identificar y valorar a los presos con discapacidad intelectual.

Murcia mantiene que la comunicación y el tratamiento individualizado son “clave” y están guiados por Julia, cuya intervención impacta en la formación y trabajo de los reclusos, y es útil para promover beneficios penitenciarios. Añade que este servicio aumenta la concienciación sobre la discapacidad y ha cambiado la consideración hacia ella en la institución.

LO QUE QUEDA POR HACER

Por otro lado, el gerente director de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, destaca la importancia de abordar las barreras y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito legal y de reinserción.

Su organización se enfoca en la integración de estas personas en la sociedad a través del empleo, pero señala la necesidad de una mayor concienciación de la sociedad sobre este proceso, a menudo ignorado por el desconocimiento en torno a estas personas y de la necesidad de apoyos a la población reclusa en su proceso de reinserción.

Por otro lado, subraya la urgencia de un compromiso sólido de la sociedad en la promoción de la accesibilidad cognitiva. En el ámbito judicial, apunta la importancia de promover la figura del facilitador y proporcionar formación a agentes judiciales, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mejorar la inclusión y garantizar un proceso judicial más equitativo para las personas con discapacidad.

En la actualidad, el movimiento asociativo Plena inclusión, que reúne a 950 entidades en todo el país, ofrece acompañamiento a 1.431 personas con discapacidad intelectual en diversas situaciones de reclusión.