El acuerdo refuerza la labor de la Unidad de Inclusión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, "responsable de velar por la plena incorporación del personal con discapacidad en su ámbito laboral", informó Plena inclusión, que añadió que este convenio "se dirige al colectivo de personas con discapacidad intelectual que accede a la categoría de Tareas complementarias de apoyo".

Plena inclusión informó además de que, a través de esta colaboración, "se pondrán en marcha medidas que faciliten el proceso de incorporación y adaptación al puesto de trabajo del personal laboral con discapacidad intelectual que desempeñan su tarea diaria en este ministerio" e indicó que "destaca por su novedad e importancia, el apoyo que se va a dar a estas personas, en el propio puesto de trabajo, por parte de preparadores laborales de entidades de Plena inclusión".

Otras medidas de apoyo que se acordaron están "vinculadas a la mejora de la accesibilidad cognitiva: como el uso de lectura fácil, actividades de sensibilización a los equipos de trabajo o la formación específica dirigidas al personal con discapacidad intelectual". Todas estas actuaciones supondrán un apoyo continuado a 26 empleados y empleadas con discapacidad intelectual que trabajan en sedes del Ministerio de Derechos Sociales situadas en la Comunidad de Madrid, según Plena inclusión.

La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, valoró "la importancia" de este acuerdo: "Queremos aprovechar cualquier oportunidad para colaborar con las Administraciones Públicas y así mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo".

Plena inclusión recordó que las Unidades de Inclusión son una medida establecida en el Real Decreto-ley, aprobado en 2023, para apoyar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Estas unidades tienen el mandato de asegurar la adaptación de los puestos, ofrecer apoyo especializado, y realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas de inclusión y reserva de plazas.

ACCESIBILIDAD Y FORMACIÓN

Este acuerdo también "responde a una preocupación reiterada por las familias": un estudio realizado, este mismo, año por la UNED y Plena inclusión revela que "muchas familias consideran insuficiente tanto la accesibilidad como la formación que reciben sus familiares con discapacidad intelectual en el entorno laboral público". Desde la aprobación, en 2012, de la ley que garantiza la reserva del 2 % de las plazas de empleo público para que se puedan presentar personas con discapacidad intelectual, más de 1.000 personas con discapacidad intelectual han accedido a un puesto en la AGE. Sin embargo, "otras 900 plazas aún no han sido convocadas, a pesar de estar previstas en las ofertas de empleo público de los últimos tres años".

"La necesidad de seguir impulsando medidas como este convenio se refleja en una cifra alarmante: el 80 % de las personas con discapacidad intelectual en edad laboral siguen desempleadas. Además, la ausencia de convocatorias de promoción interna impide que el personal laboral con discapacidad intelectual pueda progresar profesionalmente en igualdad de condiciones", concluyó esta entidad social, que agrupa a más de 950 asociaciones en toda España que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.