Según informó la entidad este viernes, la decisión supone la reelección de la primera mujer que presidió la entidad en sus 62 años de historia, tras cuatro años de mandato en los que impulsó avances en la construcción de la plena ciudadanía de las cerca de 400.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias en España, en un contexto de transformación normativa y social del sector.

Durante este periodo, Plena inclusión reforzó su incidencia política y su estructura organizativa, una red formada por 950 asociaciones en todo el país, con atención a más de 150.000 personas, el trabajo de 46.000 profesionales y 10.000 voluntarios, y una red de 4.000 centros y servicios, además de impulsar reformas clave como la modificación del artículo 49 de la Constitución y el desarrollo de nuevas iniciativas en materia de derechos, accesibilidad cognitiva, educación, empleo y vida independiente.

La Asamblea también ha destacado la hoja de ruta estratégica del movimiento, articulada en 11 retos compartidos, así como la aprobación de nuevos estatutos que refuerzan la igualdad entre personas con discapacidad intelectual y sus familias, y el desarrollo de iniciativas como el Código Ético en lectura fácil, en un proceso de renovación organizativa orientado a una mayor inclusión y participación.

En paralelo, el movimiento ha reafirmado su compromiso con la Convención de la ONU, coincidiendo con su 20 aniversario, como marco esencial para seguir avanzando en derechos humanos, igualdad de oportunidades y transformación social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.