Según informó Plena Inclusión España, ante la decisión del Gobierno de aumentar la financiación del Sistema de Dependencia en más de 6.200 millones, esta organización exigió a las comunidades autónomas transparencia e impacto real en las personas con discapacidad intelectual ante esta nueva vía de inversión social.

La confederación que agrupa a 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias recordó que, a partir de ahora, las comunidades autónomas verán incrementadas de forma significativa las aportaciones estatales destinadas a las personas dependientes.

Por ello, para el director de Plena inclusión España, Enrique Galván, esta inyección presupuestaria que supone un incremento de los ingresos que venían recibiendo las comunidades autónomas, que fluctúa entre un 14% y un 27%, “debe revertir en una mejora de las prestaciones que recibe cada persona con discapacidad y, en lo concreto, debería notarse en una mejora de los servicios y apoyos a los que accede”.

Igualmente, Plena inclusión alertó sobre la posibilidad de que algunas comunidades autónomas traten de ahorrar recursos en este capítulo de las prestaciones, retirando recursos propios asignados al capítulo de la dependencia.

CONGELAR DERECHOS

“Nos tememos que el resultado final no sea reforzar los apoyos que se reciben en la actualidad sino congelar derechos”, aseguraron. Plena inclusión recordó también que algo similar sucedió con el Plan Estatal de Choque de Dependencia, tal y como plasmó en sus informes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Ante esta realidad, desde Plena Inclusión España “pedimos que los apoyos y la dignificación de los profesionales se vea reforzada con esta nueva inyección económica”.

La confederación que gestiona 4.000 centros y servicios, en los que trabajan cerca de 46.000 profesionales, entendió que “es el momento de apostar por la sostenibilidad del sector y mejorar la financiación de los centros y la dignificación de las profesionales que dan apoyo a miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En caso contrario, se estaría perjudicando la calidad de los apoyos que reciben estas personas”.

Asimismo, la Confederación pidió transparencia para tener constancia de qué cantidades van a ser destinadas a la discapacidad y cuáles serán aplicadas al ámbito de mayores, así como conocer qué coberturas serán ampliadas y cómo se va a acelerar la reducción de las listas de espera.

COPAGO

Asimismo, la Confederación afirmó que es de justicia conocer cuál es el nivel de contribución vía copago. Algunas comunidades autónomas incluyen en su aportación al sistema los aportes de la ciudadanía.

Plena inclusión subrayó que, en términos generales, el copago resulta abusivo, opaco y un acelerador de la pobreza. “Muchas personas, cuando se aplica este mecanismo de recaudación, caen bajo el umbral de la pobreza relativa una situación de vulnerabilidad extrema que se da cuando su renta se sitúa por debajo de 12.000 euros disponibles”.

Por tanto, explicaron, “no se entiende que las administraciones competentes que afirman luchar contra la pobreza establezcan normativas que la perpetúan”.

Por otro lado, desde Plena inclusión se insistió en que las reformas legislativas del Sistema de Dependencia que se tramitan ahora en el Senado “no suponen ningún avance ni contemplan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el copago, que fue respaldada por más de 750 mil firmas, y en la que se denuncia un sistema injusto que debe respetar una cantidad exenta y suficiente para tener un nivel de vida digno”.

La confederación estatal exigió revertir esa práctica que “va contra los derechos y la dignidad de la parte más vulnerable del sistema”.