Así se lo trasladó el presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, en el encuentro que mantuvieron y en el que la consejera tuvo la ocasión de conocer a la renovada Junta Directiva de este movimiento asociativo, que cuenta con la incorporación de dos personas con discapacidad intelectual.

Al término de la reunión, Sancho instó a la Consejería a “tomar conciencia de la desesperada situación” en la que se encuentra el sector de atención a la discapacidad intelectual, que, dijo, “vive momentos límite”. Y no sólo por la escalada de los precios y de los costes salariales, sino por la “deficitaria” dotación de los concursos públicos a través de los cuales se conciertan las plazas de atención y sus procesos de adjudicación.

En este sentido, el presidente de Plena Inclusión Madrid señaló que la situación es “especialmente complicada” en el caso de la atención a personas en proceso de envejecimiento que viven en residencias. Y añadió que, en estos últimos años, ha quedado “demostrado” que las personas en proceso de envejecimiento son “altamente vulnerables” y es necesario “mejorar” los servicios y programas para “garantizar una atención de calidad centrada en sus necesidades”.

A este respecto, lamentó que, a pesar de ello, la Consejería ha sacado a licitación la prestación de este servicio de atención residencial con una subida “mínima” y que “ni siquiera servirá para hacer frente a los nuevos costes del personal", profesionales que, subrayó, "durante pandemia han demostrado una excelente gestión e implicación”.

Por todo ello, Sancho consideró “preciso” que la Comunidad se “replantee” las condiciones en las que se ha realizado esta licitación y avanzó que, si esto no ocurre, las entidades se verán abocadas a una situación de “insostenibilidad” que, según su punto de vista, “pone en riesgo la atención a un colectivo especialmente vulnerable”.

GESTOS QUE SON PARCHES

Aunque el presidente de Plena Inclusión Madrid reconoció que la Consejería ha hecho algunos “gestos” en atención a la discapacidad intelectual, los valoró como “parches" que, según su criterio, "no van a servir para detener la hemorragia económica del sector, con las consecuencias que ello tiene para las personas con discapacidad intelectual”.

“Un verdadero compromiso real con las personas vulnerables exige una mirada a medio y largo plazo. Las soluciones y reuniones para solventar problemas de última hora no resuelven el verdadero problema que existe”, abundó, convencido de la importancia de establecer diálogo “continuo y sincero” con el sector social que “está dispuesto siempre a colaborar, pero no a ser siempre el último de la fila”.

En este punto, Sancho lamentó que se haya hecho “caso omiso” a las aportaciones y sugerencias que desde el sector se han realizado al proyecto de ley de Servicios Sociales, una norma que estimó “de gran importancia” y que, dijo, “no puede ser una oportunidad perdida en un contexto en el que la atención a las personas y a sus necesidades sociales es más importante que nunca”.

Finalmente, reclamó a la Consejería y a todos los partidos políticos una “apuesta decidida” por la “verdadera solidaridad” que, advirtió, “no está basada en beneficencia ni buenismo, sino en la construcción de una comunidad autónoma que no puede hacer caso omiso de un importante activo como son las personas con discapacidad y su tejido asociativo”.