Inclusión

Plena Inclusión Madrid traslada a la Físcalia General del Estado la presunta discriminación por discapacidad en un hotel de Gandía

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, acompañado por dos miembros del Comité de Representantes, Miguel Iglesias y Pilar Rodríguez-Avial, presentaron este lunes un escrito en la Fiscalía General del Estado para poner en su conocimiento la negativa del Hotel Gandía Palace de alojar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo lo que, a juicio del movimiento asociativo, “es contrario” a la igualdad y la no discriminación.

Tras presentar el escrito, Casado declaró que “presentar ante Fiscalía esta denuncia es una obligación para Plena Inclusión Madrid, como entidad que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.

Los hechos denunciados tuvieron lugar cuando una de las entidades pertenecientes a Plena inclusión Madrid, Círvite, se encontraba organizando una semana de vacaciones para un grupo de 23 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y seis profesionales de apoyo, tal y como hacen desde hace años.

La reserva se intentó llevar a cabo para un grupo de adultos con discapacidad intelectual y se habían solicitado 14 habitaciones dobles y una individual, requiriendo única y exclusivamente una habitación adaptada.

En este caso, el hotel seleccionado para pasar las vacaciones fue el Gandía Palace y, si bien se comenzó a tramitar la reserva e incluso se llegó a abonar un depósito, en el momento de aportar la distribución de habitaciones, el hotel comunicó que "no trabaja con grupos de menores de edad, ni con grupos de discapacitados, ni con grupos de colectivos de fútbol".

La empresa aclaró que sólo se podría reservar para estas personas de forma excepcional de manera individual y siempre que estén acompañados al menos con un adulto mayor de edad “capacitado por habitación".

El presidente de Plena Inclusión Madrid afirmó que con este escrito quieren “evitar e impedir” que se produzcan este tipo de hechos que, aunque no son habituales, “nos obligan a reaccionar y acudir al Ministerio Fiscal porque entre sus competencias está no sólo investigar los hechos sino promover el ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad”.

Por su parte, Miguel Iglesias manifestó que el movimiento asociativo acude a la Fiscalía “para reivindicar nuestros derechos como ciudadanos” y reclamó “tolerancia cero” ante este tipo de comportamientos.

(SERVIMEDIA)
09 Mayo 2022
MPB/gja