En un comunicado, Sancho explicó que esta ley, que entró en vigor en el año 2015, impide que los contratos que las organizaciones sociales tienen con la administración autonómica por la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, puedan incorporar actualizaciones económicas en función de cuestiones "tan relevantes" con el IPC o la propia subida del SMI.

"Esta situación ha hecho que, durante los últimos ocho años, las entidades sociales hayan tenido que hacer importantes sobreesfuerzos económicos para poder mantener la calidad de la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todos los servicios que prestan, especialmente en el ámbito residencial y que, en muchos casos, han llevado a las organizaciones a situaciones límite", advirtió.

Por ello, Sancho defendió la necesidad de que el Gobierno central "revise" la Ley de Desindexación de la Economía que, según su criterio, "ha provocado efectos muy negativos en las organizaciones sociales". "Cualquiera puede entender que una organización no puede hacer frente a los salarios y servicios si la cantidad que recibe para ello no varía a lo largo de cuatro años", insistió, para aseverar que el Gobierno "tiene que pensar que esto provoca un efecto devastador y que pone en riesgo la atención social que necesitan las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias".

En este punto, el presidente de Plena Inclusión Madrid explicó que recientemente se han actualizado los acuerdos marco de prestación de estos servicios, pero si no hay una modificación de la Ley de Desindexación, "las entidades volverán a ser golpeadas en un año y permanecerán en una espiral permanente riesgo de supervivencia". "Si apostamos por una atención de calidad, si apostamos por la inclusión y la personalización en los servicios, no pueden mantenerse leyes como esta", sentenció.

A este respecto, Sancho consideró que si no se logra modificar la ley en el ámbito nacional "solicitará" a la Comunidad de Madrid que "revise" el plazo de vigencia de los acuerdos marco, al estimar que "cuatro años es un plazo temporal demasiado extenso en el que las entidades no pueden sostenerse si una modificación en sus contratos".