En nota de prensa, reclamó al Gobierno asegurar fondos suficientes para formar al profesorado, adaptar los centros educativos y establecer ajustes personalizados que faciliten al alumnado con necesidades educativas especiales “un acceso al aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras”. Asimismo, reivindicó medidas que aseguren la sostenibilidad de los propios centros educativos.

Tras la aprobación de la nueva Ley de Educación (Lomloe), el Gobierno decidió dotar a las políticas educativas de las comunidades autónomas con un total de 1.185 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia, destinados a la digitalización de los centros de enseñanza, los programas de refuerzo educativo y las Unidades de Acompañamiento y Orientación.

La Lomloe también recoge que los centros dispongan de los medios que permitan que cada alumna y alumno puedan disponer de los ajustes razonables que requieran, medidas de accesibilidad cognitiva, homologación de contenidos y titulación, etc.

Por todo ello, y consciente del encarecimiento general de la vida, la confederación pidió partidas y estrategias específicas para asegurar “la viabilidad económica de los centros de educación especial” a cargo de asociaciones, que según la nueva ley, deben transformarse de forma paulatina en centros de referencia.