En un comunicado, Plena Inclusión España recordó que la reciente entrada en vigor del Acta Europea de Accesibilidad, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2019/882 de la Unión Europea, marcó un “hito en el reconocimiento legal de la accesibilidad universal”, lo que incluye a la accesibilidad cognitiva como un “derecho irrenunciable” para las personas.

La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, señaló su preocupación por que el derecho a la accesibilidad cognitiva “quede como una mera declaración de intenciones, si no se acompaña de compromisos claros y efectivos” por parte de las administraciones públicas y las empresas.

El Acta Europea de Accesibilidad establece algunos requisitos que deben cumplir un gran número de productos y servicios -como páginas web, aplicaciones, redes sociales o terminales de pago, entre otros-, para que sean accesibles para todas las personas.

Algunos de estos bienes y servicios ya deben cumplir con los nuevos estándares fijados por la directiva europea recién aprobada. No obstante, otros disponen de un plazo de adaptación de hasta cinco años, como es el caso de los terminales de autoservicio, incluidos cajeros automáticos.

Plena inclusión invitó a acelerar la adaptación de estos productos y servicios, para que la accesibilidad cognitiva plena sea una “realidad en el menor tiempo posible”. Solo de este modo, la entidad recordó que mejorará el “día a día de estas personas y de otros cientos de miles con dificultades de comprensión”.

La accesibilidad cognitiva “no es un lujo”, sino un derecho que quedó “claramente establecido” en el ordenamiento jurídico español que, por otro lado, “beneficia a todas las personas”, señaló Laucirica, en referencia a dicha Directiva Europea de Accesibilidad.