El Congreso decidirá sobre las enmiendas aprobadas por el Senado y el texto, con las que hayan sido respaldadas por la Cámara Baja, ya estará listo para su publicación en el BOE y su entrada en vigor, tal y como recordó la institución en un comunicado.

El Pleno del Senado aprobó este pasado miércoles, por 235 votos a favor, de PP, PSOE y Junts, ninguno en contra y 23 abstenciones, de Vox, Esquerra Republicana, EH Bildu y PNV, el dictamen de la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre el proyecto de ley de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.

En conjunto, el PP presentó 45 enmiendas para que esta ley realmente “sea útil, garantista y ajustada a la realidad de las necesidades de las personas con discapacidad y dependencia”, tal y como precisó durante el debate de totalidad en el Senado la ‘popular’ Cristina Casanova, portavoz de Políticas Integrales de Discapacidad del grupo parlamentario.

La senadora señaló que su grupo introdujo en el texto a su paso por la Cámara Alta la defensa del medio rural y abogó por garantizar los derechos económicos “cuando se pretende equiparar la dependencia y la discapacidad asegurando el reconocimiento a los efectos tributarios”.

Además, en materia de dependencia, dejó “muy clara” la financiación 50-50 del sistema, “asegurando que el Gobierno cumpla con su obligación” y reforzó la atención temprana con “mayor coordinación” entre el sistema sanitario, educativo y social, entre otras medidas en materia de accesibilidad, educación o justicia.

Desde Más Madrid, Carla Delgado criticó que el PP haya aplicado su “rodillo” para introducir novedades en el texto de una nueva ley que, para el partido de Gobierno, “cambia el sistema de cuidados de este país” y “reconoce por fin el derecho de las personas en situación de dependencia a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciben”.

“Facilita la accesibilidad para los portales inaccesibles, las personas que cuidan no tienen que devolver absolutamente nada y quien espere una plaza recibirá ayuda en su domicilio mientras esta llega sin perder el turno”, abundó, al tiempo que señaló que con ella también “se acaban los recortes del año 2012” del PP, incluyendo la incompatibilidad de prestaciones y servicios.

Además, la financiación estatal del 50% del sistema pasa a ser “una obligación legal” y a su entender, “la teleasistencia deja de depender del código postal” y se obliga al Ejecutivo a llevar a las Cortes en un plazo de 12 meses una ley de “reconocimiento, reparación e indemnización” a las víctimas de la esterilización forzada.

ENMIENDAS

Ya en el debate de enmiendas, desde el PSOE, María del Lirio Martín aseveró que la ley “reconoce derechos, pero sobre todo garantiza la calidad de vida de las personas con discapacidad y en situación de dependencia, pero también de sus familias y de las personas cuidadoras”.

A este respecto, afirmó que, con esta ley, una persona con discapacidad podrá disponer productos de apoyo a través de fórmulas como el préstamo o la cesión temporal y una familia que cuida podrá encontrarse también con un sistema “más flexible y adaptado a las necesidades de sus cuidados”.

Desde Junts, que presentó 40 enmiendas sobre la urgencia de reordenar y mejorar la prestación CUME, eliminar el copago o la reducción del IVA en productos para la ayuda y soporte a la dependencia, Francesc Xavier Ten aseveró que su “objetivo” era aprobar una ley que “extienda y refuerce los derechos a la inclusión, autonomía y accesibilidad universal” de estas personas y sus familias.

Por Vox, que pasó de su ‘no’ en el Congreso a la abstención, Javier Valentín Alonso explicó que sus 20 enmiendas buscaban mejorar la claridad y neutralidad de la norma, garantizar la igualdad entre españoles, defender la primacía nacional, asegurar la continuidad de los derechos de las personas dependientes y evitar estructuras administrativas “innecesarias”.

Por el PNV, que presentó 13 enmiendas, Nerea Ahedo reivindicó la implementación de medidas de protección para las cuidadoras principales y para la atención integral y el reconocimiento específico a personas afectadas por polio, por efectos tardíos de la polio y por el síndrome pospolio y otras referidas a las víctimas del amianto, entre otras.

A su vez la senadora Olaia Duarte, de Bildu, que presentó 15 enmiendas, propuso la tramitación con urgencia y con la prescripción profesional de las valoraciones de dependencia que “no pueden esperar a los procesos burocráticos ordinarios” y llamó a eliminar la privatización de servicios y plazas en centros residenciales e incluir la compatibilidad de todos los servicios de la dependencia y el cuidado de las cuidadoras o a la exención completa del copago.