De esta manera, esta ley, de la que depende la recepción de 10.000 millones de euros de fondos europeos, está de nuevo en el aire, después de que decayera por primera vez con en el adelanto de las elecciones generales en 2023.

De hecho, su tramitación se está demorando mucho más de lo pretendido por el Ejecutivo, que tras aprobarla por segunda vez en febrero de 2024 decidió tramitarla de forma urgente.

Aún así, ha pasado más de un año en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja, después de que superara en septiembre del año pasado el debate de totalidad, rechazando una enmienda presentada por el PP. Ahora, si supera el trámite en el Pleno, todavía deberá pasar por el Senado.

Los votos de Podemos son cruciales para que esta ley consiga concluir su tramitación en el Congreso, pues en su paso por comisión PP y Vox la rechazaron y estas formaciones en el Pleno de entrada suman 170 escaños.

Contando con el voto de Junts, que apoyó el texto en la Comisión, el Ejecutivo busca conseguir una abstención de Podemos o incluso atar el voto del diputado de UPN, Alberto Catalán, que normalmente se alinea con el PP en las votaciones del Pleno. Asimismo, el Gobierno necesitará contar con la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, quien en reiteradas ocasiones se ha mostrado contraria a la ampliación del puerto de Valencia, y con el voto del BNG, que de momento no está asegurado.

CONTENIDO DE LA LEY

La ley no incluye aspectos relativos al pago por uso de las autovías ni sobre las zonas de bajas emisiones, habilita pero no obliga a poner peajes en las ciudades y exige que las empresas con más de 500 empleados o con turnos de 250 aprueben planes de movilidad sostenible.

Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas, como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

La norma regula también soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomenta la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.

En este sentido, incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.

Paralelamente, crea un 'sandbox' de movilidad para probar soluciones innovadoras en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado. También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.

Para lograr estos objetivos, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación, y Consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones; el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (Domos).