La Plataforma realizó estas reclamaciones durante la Reunión del Foro de Seguimiento de Inclusión Financiera convocada en el Ministerio, en la que el ministro Carlos Cuerpo recibió a las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC); el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la asociación de usuarios financieros (ASUFIN); el promotor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, Carlos San Juan; y una delegación de la PMP compuesta por su presidente, Jesús Norberto Fernández; la vicepresidenta, Manuela Carrión y el vicepresidente, José Luis Fernández.

Además, en esta ocasión, el encuentro contó con la participación de representantes de la comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, representado por el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

Durante la reunión la Plataforma señaló que “tras casi tres años, la ley que debe proteger a los usuarios financieros más vulnerables sigue bloqueada en el Congreso”, recalcando que retrasar esta ley supone "perpetuar el abandono" y negar el acceso a una justicia ágil y cercana para quienes más la necesitan.

Por otro lado, la PMP recalcó que garantizar la autonomía real de las personas mayores y con discapacidad exige accesibilidad universal en todos los canales financieros, ya sean aplicaciones móviles, páginas web, entornos físicos de las oficinas y cajeros automáticos.

Así, la PMP exigió la adaptación de todos los servicios al marco legal vigente, protocolos homogéneos para la atención, formación obligatoria del personal de las entidades bancarias y la creación de un “mapa nacional de servicios accesibles para la ciudadanía”. Esta propuesta fue acogida muy favorablemente, de manera que el propio ministro Cuerpo anunció, tras la reunión, la creación de dicho mapa, señalando que “se seguirá trabajando con el sector y las asociaciones para avanzar en la resolución del difícil acceso para las personas más vulnerables”, con especial atención a las personas mayores y con discapacidad mayores.

En lo que respecta al problema del fraude digital, la Plataforma alertó sobre el volumen persistentemente elevado de ciberdelitos en España, con más de 464.000 incidentes registrados en 2024, siendo la mayoría fraudes informáticos, y las personas mayores y con discapacidad mayores uno de los grupos más afectados. Este problema no es solo técnico, sino que es social y de diseño, ya que la delincuencia “explota la confusión, no la tecnología”.

En este sentido, la PMP propuso medidas concretas para la banca y la Administración Pública. A las entidades financieras les pidió el desarrollo de mecanismos de protección adaptados, como la doble verificación personal para operaciones de alto riesgo; el etiquetado voluntario de “cliente vulnerable”; la implementación de interfaces accesibles; además de la formación del personal bancario para acompañar a las personas mayores en operaciones digitales sensibles.

Por su parte, el ministro Cuerpo anunció la creación de la Brigada Antifraude, que contará con la participación de asociaciones de usuarios, entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y el Banco de España. Este nuevo organismo tendrá un mecanismo de alerta temprana y proveerá una respuesta rápida y contundente a las actuaciones de fraude.

A la Administración, la PMP le solicitó el refuerzo de la colaboración con el sector de telecomunicaciones para el bloqueo de fraudes; el fortalecimiento de las unidades de delitos telemáticos; y la creación de procesos de denuncia accesibles y simplificados. Igualmente, instó a la coordinación institucional para la creación de una Mesa Estatal contra el Fraude Digital a Personas Mayores que sirva para compartir información y armonizar protocolos de prevención y respuesta.

Asimismo, la Plataforma insistió en que se deben considerar determinadas operativas como “servicios económicos de interés general”, a semejanza de lo que ocurre con Correos, para garantizar que lleguen a toda la ciudadanía, viva donde viva. Entre estos servicios clave se encuentran la retirada de efectivo, la realización de movimientos bancarios y la garantía de puntos de atención bancaria en núcleos poco poblados.

La PMP constató que la situación en las zonas rurales sigue siendo preocupante, donde persiste la escasez de sucursales y de cajeros automáticos. Si bien existen iniciativas como los “ofibuses” o “Correos Cash”, estos son insuficientes si no van acompañados de información clara y asistencia adecuada. Una parte importante de la población mayor sigue dependiendo de la atención presencial, y los cajeros sin personal no son un sustituto satisfactorio.

Finalmente, el presidente de la Plataforma, Jesús Norberto Fernández, recalcó que “la inclusión financiera, la accesibilidad y la protección frente al fraude no son cuestiones técnicas, sino principios de dignidad, derechos y justicia social”, además de que “proteger a este grupo social es garantizar su derecho a participar plenamente en la sociedad”.