Fuentes de Podemos trasladaron a los medios de comunicación su exigencia de "medidas valientes e inmediatas para acabar con las agresiones sexuales en la Iglesia católica y con su impunidad, después de que el Defensor del Pueblo haya estimado en hasta 450.000 las víctimas de agresiones vinculadas a la institución religiosa". Considerando "inadmisible que una institución que ha amparado hechos de esta gravedad, ocultándolos y entorpeciendo su investigación, reciba financiación pública y gestione centros escolares", lanzó sus tres reclamaciones.

En primer lugar, el partido liderado por Ione Belarra llama a denunciar y derogar el Concordato para "acabar con el actual régimen de privilegios que el Estado español ha garantizado mediante la firma de este antiguo acuerdo a una institución que reiteradamente ha incurrido en dinámicas de ocultación y encubrimiento de agresiones sexuales a menores de edad".

En segundo, Podemos sugiere "acabar con la financiación pública" de la Iglesia, porque, a su entender, "el Estado no puede destinar fondos a la institución en la que se ha gestado la mayor trama pedófila conocida hasta la fecha", sino que "es necesario cortar toda fuente de financiación pública a la Iglesia, incluidos exenciones y beneficios fiscales".

Finalmente, las fuentes citadas llamaron a "integrar los centros educativos religiosos en la red pública", argumentando que "una institución que reiteradamente ha ocultado y silenciado abusos sexuales a menores está inhabilitada para gestionar centros escolares". Por ello, Podemos conmina a que todos los centros, privados y concertados, que hoy están en manos de la Iglesia católica, deberán pasar inmediatamente a la red pública de gestión directa.

Además de éstas propias, Podemos aseguró que "hace suyas reclamaciones de las víctimas, como la no prescripción de los delitos de agresión sexual que se hayan producido en el seno de la Iglesia, y que la financiación del fondo de compensación a las víctimas provenga completamente de recursos de la propia institución, y no de dinero público".

En conclusión, el partido de Belarra, ministra de Derechos Sociales en funciones y por tanto encargada de las competencias sobre la infancia, observó que "la violencia sexual contra la infancia ha sido una constante en la Iglesia católica, que ha silenciado a víctimas y protegido a agresores", por lo que "sólo con medidas contundentes se podrá poner fin a la mayor red de pedofilia conocida hasta la fecha, que podría afectar a una de cada 100 personas en nuestro país según los datos conocidos en el día de hoy".