Las irregularidades detectadas por el PP en Salud consisten en la certificación, "con el fin de burlar la legalidad vigente", de pagos por obras no efectuadas, que ascendieron a 91 millones de pesetas, declaró Manuel Cobo, diputado conservador.

En cuanto a la de Educación, la acusaciones sobre presuntas irregularidades que imputan a esta consejería señalan la construcción de dos colegios en Leganés y Getafe. De este deparamento, cuyo titular es Jaime Lissavetzky, poco más añadieron los conservadores, porque, en su opinión, ha ofrecido poca documentación sobre las contratas que formalizó con la constructora Atocha.

El portavoz del PP que no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que las actuaciones de la CAM pudieran haber ser constitutivas de delito, ya que esa es misión de la Fiscalía.

Lo que sí dijo fue que "las irregularidades" tienen efectos económicos, que perjudican a la hacienda pública, pero que quier saber es si existen beneficiarios individuales.

Precisamente, el pleno de esta tarde aprobará la constitución de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones como comisión investigadora sobre el caso Atocha. Ruiz-Gallardón insistió en que pedirá a los portavoces de IU y PSOE, antes de la sesión plenaria, que la citada comisión sea abierta a los medios informativos.

Los populares pretenden concocer, tras los resultados de la investigación, quien se beneficio de estas presuntas irregularidades,quien las autorizó y quien las consintió.

El líder de centro-derecha declaró, asimismo, que la tranquilidad expresada por Joaquín Leguina, presidente de la CAM, con relación a este caso, "no me preocupa, lo que sí me preocupa es que su Gobierno deje de obstaculizar y entregue todos los papeles que le hemos solicitado".

A continuación, acusó al presidente regional de que "no se entera de nada de lo que pasa en la CAM" y le instó a empezar a conocer lo que sucede en su Gobierno.