Fúnez destacó que la discapacidad es “una prioridad” para el PP tanto a nivel estatal como autonómico y local, que se traduce en un “diálogo constante y permanente con el sector”. “Nos permite conocer de primera mano la realidad y las necesidades de las personas con discapacidad”, subrayó.

Recordó que el compromiso del PP “se demostró” en la reforma del artículo 49 de la Constitución, donde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo colaboró “plenamente” para sustituir el término “disminuido” por “personas con discapacidad”. A partir de esa reforma, añadió, el PP quiere desarrollar políticas centradas en la inclusión laboral, porque “el empleo es una forma de integración plena y de dignidad personal”.

En esa línea, Fúnez explicó que el partido “profundizará” con las entidades del sector en la posibilidad de hacer compatible el empleo con la pensión por discapacidad, una medida “muy interesante” que, en su opinión, permitiría fomentar la autonomía y la participación social.

“Es una de las medidas en las que nos ha transmitido el sector y en la que nosotros queremos trabajar y profundizar, nos parece muy interesante”, dijo. “Vamos a ver la posibilidad de que, cuando lleguemos al Gobierno, podamos implementarlo. Nos parece una medida intermedia. Una persona con discapacidad se siente mucho más integrada con empleo y aporta a la sociedad. Queremos una España de más cotizantes, porque eso significará garantizar también el Estado del bienestar, que es tan importante cuando hablamos de políticas de discapacidad”.

LEY DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

En relación con la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, Fúnez defendió que debería haberse deslindado una parte de la otra y haberse dividido en dos leyes. Asimismo, advirtió de que si la ley “no va acompañada, y hasta ahora no lo va, de una memoria económica y de un informe presupuestario y de una aportación real del Gobierno de garantizar los servicios”, se corre el riesgo de generar “frustraciones” en los potenciales beneficiarios, porque “lo que se les promete en la ley no se puede llegar a cumplir”.

“La dependencia supone también un coste económico muy importante y que va a crecer en los próximos años, teniendo en cuenta que la esperanza de vida en España es muy alta”, advirtió. “Y de lo que no ha hablado el Gobierno ni una sola vez es de presupuesto. ¿Cómo se van a financiar los derechos y los servicios que ahora mismo aparecen dentro de ese sistema y que tendrán que desarrollar las comunidades autónomas? A mí esta cuestión me parece absolutamente esencial”, añadió.

“Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, tiene una deuda con muchas comunidades autónomas en materia de dependencia. En Andalucía está por encima de los 4.300 millones de euros y a la Comunidad Valenciana les deben algo más de 3.500 millones de euros”, detalló.

Por ello, “antes de afrontar esa reforma”, abogó por analizar "el desarrollo real y el cumplimiento de la ley que está en vigor y, a partir de ahí, trabajar no solo en el reconocimiento de derechos y de servicios, sino también en la financiación para poder sostenerlos”.