La iniciativa, recogida por Servimedia y que deberá ser debatida y votada en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, indica que esa demanda tendría que llevarse a cabo cumpliendo los requisitos de seguridad vial exigibles.

Además, los populares plantean revisar y simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la homologación de adaptaciones de vehículos para personas con discapacidad con el fin de reducir “cargas burocráticas” y “costes innecesarios” para los usuarios.

También proponen que el Gobierno analice la adecuación del régimen fiscal y las limitaciones para la transmisión de vehículos adaptados cuando haya cambios acreditados en las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad, con el fin de “evitar situaciones que perjudiquen injustificadamente su autonomía personal”.

Igualmente, quieren que el Ejecutivo, en colaboración con las asociaciones representativas de personas con discapacidad y el sector de la automoción, impulse “el desarrollo de soluciones innovadoras que favorezcan una movilidad más accesible, flexible e inclusiva”.

“IMPORTANTES BARRERAS”

La iniciativa, firmada por 17 diputados del PP, indica que “las personas con movilidad reducida continúan enfrentándose en España a importantes barreras que dificultan el ejercicio efectivo de derechos tan básicos como la movilidad, la autonomía personal, el acceso al empleo, la educación, la cultura o el ocio”.

“A pesar de los avances normativos producidos en las últimas décadas en materia de accesibilidad e inclusión, persisten obstáculos de carácter técnico, administrativo y económico que limitan de forma significativa la capacidad de estas personas para desplazarse en igualdad de condiciones respecto al resto de los ciudadanos”, señala.

Los populares recalcan que el uso de un vehículo adaptado “sigue suponiendo una carrera de obstáculos” para “miles de personas con discapacidad física” debido a “una regulación compleja y de unos procedimientos administrativos excesivamente gravosos”.

No obstante, apuntan que cualquier cambio en un vehículo para adaptarlo a las necesidades específicas de una persona con movilidad reducida es considerada una “reforma de importancia” con carácter general, lo que conlleva un “exigente” procedimiento de homologación.

Esta situación obliga a los usuarios a recabar diversa documentación técnica y administrativa, como informes del fabricante, certificados emitidos por los talleres instaladores y, en determinados supuestos, proyectos técnicos suscritos por profesionales competentes.

A ello se suma la obligación de superar inspecciones específicas en plazos reducidos, lo que genera costes económicos adicionales y una carga burocrática que puede desincentivar la realización de adaptaciones necesarias para garantizar la autonomía personal.

OTROS PAÍSES

Por otro lado, el PP considera “especialmente llamativo” países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Noruega y Reino Unido hayan desarrollado sistemas más flexibles para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, mientras España tiene “importantes limitaciones para la utilización de determinadas soluciones técnicas ampliamente contrastadas”.

Entre ellas destacan los “kits removibles o desmontables de ayuda a la conducción”, esto es, dispositivos homologados que pueden instalarse y retirarse de manera sencilla y segura, permitiendo adaptar temporalmente distintos vehículos a las necesidades de personas con movilidad reducida.

Su utilización permite disponer de vehículos de sustitución adaptados durante periodos de reparación o mantenimiento, facilita el acceso al alquiler de vehículos adaptados, reduce los costes asociados a la adaptación permanente de distintos automóviles y favorece la movilidad compartida dentro del ámbito familiar y profesional.

La autorización de estos dispositivos, según la proposición no de ley, contribuiría a incrementar la autonomía personal de las personas con discapacidad, reduciendo su dependencia de terceros y ampliando sus oportunidades de acceso al mercado laboral, a la formación, a la participación social y al ejercicio de una vida independiente.

“Avanzar hacia el reconocimiento y homologación de estos sistemas supone eliminar barreras innecesarias, favorecer la inclusión social y reforzar el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos. Se trata de una medida que contribuiría a construir una sociedad más accesible, más justa y más comprometida con la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad”, concluye la iniciativa.