La iniciativa, presentada por el Grupo Popular para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, busca solucionar la "indefensión burocrática" que tienen los ciudadanos con discapacidad y movilidad reducida que, al cambiar su empadronamiento a una comunidad autónoma diferente, necesitan renovar sus tarjetas de estacionamiento.

El texto de la proposición no de ley insta al Gobierno a "coordinar junto a las Comunidades Autónomas un procedimiento de intercambio de información, a través de una plataforma de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, que facilite la renovación de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad cuando la administración pública responsable de su emisión no coincida con la administración autonómica que reconoce el grado de discapacidad con movilidad reducida".

Según expone el PP, el problema radica en que "la nueva administración que debe resolver el procedimiento no tiene acceso al expediente que dio origen al reconocimiento de persona con discapacidad y movilidad reducida del solicitante". Esta situación, argumentan, contradice el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que establece el derecho de los ciudadanos a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración.

Los populares recuerdan que el Real Decreto 1056/2014 establecía la validez de las tarjetas en todo el territorio español, pero una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 anuló el artículo que preveía la prórroga de su validez durante la renovación, a raíz de un conflicto competencial planteado por el Gobierno vasco. Desde entonces, los procedimientos de renovación se rigen por las normativas autonómicas, mientras que el reconocimiento de la discapacidad es competencia de las comunidades o del Imserso, lo que genera el problema al cambiar de territorio.

Los populares además recuerdan que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad aprobó por unanimidad, en la sesión celebrada el 22 de mayo de 2025, una proposición no de ley del PP. La iniciativa instaba al Gobierno a iniciar, lo antes posible, el trámite para una pronta transposición de la Directiva (UE) 2024/2841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.