La propuesta del principal partido de la oposición –que saldrá adelante gracias a su mayoría absoluta– hará que la Cámara Alta requiera formalmente a la Baja la retirada de la proposición de ley de amnistía. Este paso se da tras conocer el informe de los letrados del Senado que, a juicio del PP, revela que “los posibles motivos de inconstitucionalidad” de la amnistía “son abundantes y graves”.

En este sentido, el texto registrado por el PP señala que dicho documento advierte de que el Senado se encuentra en este momento ante “la obligación formal de tramitar una iniciativa que se ha autocalificado como ley orgánica, cuando en realidad se está tratando de una reforma constitucional o de una ley inconstitucional”.

Este hecho supone, según la exposición de los letrados, “una invasión del poder constituyente radicado en esta Cámara, por parte del Congreso, y, al mismo tiempo, el desconocimiento de los derechos de representación política de sus senadores y de toda la ciudadanía (artículo 23 de la Constitución)".

El PP defiende así que, “al haber admitido inicialmente a trámite esta amnistía en forma de ley orgánica y al haber mantenido esta calificación a lo largo de todo su controvertido trámite, pese a las dudas que razonablemente aconsejaban la vía de una reforma constitucional, el Congreso de los Diputados ha impedido de hecho que el Senado tuviera la posibilidad de actuar según el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución”.

Y recalca que “no es en absoluto aventurado colegir que la intención del grupo proponente de la amnistía”, el PSOE, “al optar por la vía de una ley orgánica en vez de la de una reforma constitucional, no ha sido otra que la de, por una parte, rebajar las mayorías necesarias para su aprobación; y por otra, esquivar que la posible oposición del Senado dentro de un procedimiento simétrico entre ambas Cámaras le impidiese salir adelante”.

DESCARTAN QUE EL TC PARALICE LA TRAMITACIÓN

Tras el registro del texto, ahora la propuesta del PP debe ser calificada en la próxima reunión de la Mesa del Senado, que aún no está convocada. Los populares usarán su mayoría para impulsar la iniciativa, que se debatirá en Pleno después del parón de Semana Santa.

Entonces se abrirán dos fases. En la primera, el Senado requerirá formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley orgánica. La Cámara Baja tendrá 30 días para contestar y, en caso de negarse o no responder a la petición, se abrirá una segunda fase, en este caso ante el Tribunal Constitucional, que deberá resolver el conflicto.

Según los letrados, cabe la posibilidad de pedir entonces al Alto Tribunal la suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el Senado “por el perjuicio irreversible que la espera de la resolución pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta". De no hacerlo, la ley seguirá los plazos previstos y se aprobará, como tarde, el próximo 16 de mayo.

En Génova admitieron que no tienen “extrema confianza” en el Tribunal Constitucional tras los últimos nombramientos del Gobierno y la mayoría progresista que existe en su seno. No obstante, subrayaron que el objetivo de este conflicto institucional no es paralizar la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, sino hacer “ruido” para que los españoles sepan que los letrados del Senado cuestionan “frontalmente” la constitucionalidad de la amnistía.

El PP provocará así el primer conflicto de atribuciones entre las Cámaras. La jurisprudencia constitucional refleja que se han planteado cinco conflictos entre órganos constitucionales en la historia democrática española, pero nunca entre Congreso y Senado.