Así lo trasladan fuentes de los dos principales partidos consultadas por Servimedia en la semana que arrancó con la visita de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y representante de Sumar, Yolanda Díaz, a Puigdemont en Bruselas y continuó con la clarificación del expresidente catalán de que Junts desea la amnistía previa para apoyar una investidura.

“Los tiempos que plantea Puigdemont no son compatibles con el ordenamiento jurídico y lo que plantea tampoco”, señalan a Servimedia desde Génova, a la vez que confirman que no descartan “cualquier ámbito”, incluido el jurisdiccional, para “poner coto a este asunto que implica que la ley que impera en toda España no impere en Cataluña”.

Como el planteamiento de Puigdemont es “absolutamente incompatible con un tratamiento jurídico simétrico entre españoles”, desde el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo aseguran que serán “muy categóricos” en la defensa de la igualdad entre españoles, lo que pasa por combatirlo “con contundencia”, según fuentes de la cúpula del PP.

“Cualquier subterfugio que quiera localizar Sánchez para protegerse intentaremos desacreditarlo por tierra, mar y aire”, recalcan las fuentes consultadas, y mencionan el Senado sin descartar cualquier ámbito jurisdiccional para evitar que lo que “es delito”.

En el PP subrayan que hace un mes “no había urgencia en amnistiar a ningún delincuente”. Si la hay en este momento “solamente” sería por “las necesidades” de Sánchez de seguir en La Moncloa, arguyen. Por ende, se combatirá este supuesto “con intensidad” utilizando toda la capacidad política y “cualquier mecanismo a disposición” con tal de “ahorrarle” a España tal “vergüenza”.

SENADO

Sobre el papel que puede jugar el Senado en este proceso, donde el PP tiene mayoría absoluta, el artículo 90 de la Carta Magna establece que la Cámara Alta dispone para vetar o enmendar un proyecto de un plazo de 20 días naturales para las iniciativas declaradas urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

En este sentido, lo que podría hacer el PP es introducir una enmienda a la totalidad del texto que pudiera llegar de la Cámara Baja y que contaría de partida con el aval de la mayoría absoluta de los senadores populares. No obstante, luego tendría que remitirse al Congreso, donde nuevamente el control lo tienen los partidos del Ejecutivo en funciones.

Todo ello, según recalcan a Servimedia fuentes parlamentarias, porque si el procedimiento es de urgencia y lectura única no caben enmiendas parciales, tan solo de veto. Entonces, se podría aprobar una enmienda a la totalidad en el Senado que se podría levantar por la mayoría absoluta del Congreso “no consumiendo más de dos semanas”.

A este respecto, en el PP recuerdan cómo en marzo de 2021 la Mesa del Congreso rechazó tramitar una proposición de ley en la que los independentistas pedían la amnistía. Entonces, este partido, el PSOE y Vox se opusieron a la misma tras un informe de los servicios jurídicos que argumentaba que no cabe un "indulto general" por ser contrario a la Constitución.

Por ello, en las filas del PP remarcan que los proponentes de una iniciativa de esta índole ahora también tendrían que superar ese escollo. De lo contrario, dan por sentado que se trataría de una calificación de una iniciativa con "informes en contra" y a la que, en su caso, el Gobierno tendría que dar conformidad para llevarla al Pleno y tomarla en consideración en el Congreso.

Remitiéndose a otros trámites legislativos, como el de la reforma del delito de sedición y el de malversación, los populares denuncian lo que "corren" en el Gobierno "cuando quieren" ante las demandas de los independentistas.

Desde Vox, aseguran que ellos no serían un “obstáculo” si se alcanzara un acuerdo entre PP y PSOE porque sería “mucho mejor o un mal menor” antes que “depender de minorías separatistas”. Creen que las condiciones de Puigdemont para la investidura de Sánchez son “exigencias” de “un delincuente, de un prófugo que no da la cara ante la justicia”.

PSOE, EN "MODO DISCRECIÓN"

No obstante, en las filas socialistas, según varias fuentes de Ferraz y La Moncloa consultadas por Servimedia, descartan cualquier acuerdo con el PP y evitan dar detalles sobre el momento en el que están los contactos con otras fuerzas políticas para garantizar una investidura de Sánchez, especialmente en lo que se refiere a sumar a los parlamentarios de Junts tras las palabras de Puigdemont.

Han activado el "modo discreción", remarcan, porque con "estos plazos tan largos" también hay que "dejar que se desahoguen unos y otros" y esperar a que llegue el "momento" de negociar abiertamente la investidura de Sánchez una vez pase la "fallida" de Feijóo.

No obstante, cuando se pregunta en público y en privado por la amnistía que demandan desde las fuerzas independentistas, en el Gobierno y el PSOE ya no niegan la posibilidad, como hacían antes, y se limitan a remarcar que actuarán en el "marco de la Constitución". Lo que descartan en La Moncloa es que se haya realizado petición alguna a Junts de renuncia expresa a la vía unilateral para conceder una posible amnistía.

Igualmente, en el PSOE descartan que se vaya a someter a las bases a una consulta sobre una hipotética amnistía y avanzan que lo que sí se trasladará a la militancia, como en otras ocasiones, será el posible pacto de gobierno con Sumar, igual que hace cuatro años con el acuerdo con Podemos.

BUSCAN VÍAS

En cambio, en Sumar siguen convencidos de que la amnistía tiene encaje en la Constitución y aseguran contar con un equipo de 20 juristas buscando las vías más idóneas para redactar la propuesta. Además, se declaran optimistas de que la negociación con los independentistas catalanes llegará a buen puerto, pero se aferran a la discreción para no dar detalles y esperar al “momento más oportuno”.

El exdiputado en el Congreso Jaume Asens, encargado por la dirección de Sumar de pilotar la negociación con ERC y Junts, desveló en una entrevista que, aparte de la amnistía en sí, se barajan “otras vías que puedan lograr el mismo efecto, el mismo resultado y que tengan otro nombre”; es decir, que hay diferentes opciones para intentar pasar página, curar las heridas de los hechos de 2017 e ir al terreno político”.

Asens también aseguró que, de momento, no hay negociación directa entre el PSOE y Junts, y eso le sirvió para reivindicar el papel de Sumar para “hacer de avanzadilla” y “despejar un poco el camino”, dado que percibe entre esos dos partidos una “desconfianza profunda, estructural”.

Eso sí, la portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Marta Lois, comentó el jueves en rueda de prensa que su equipo de juristas trabaja “poniendo en conocimiento al otro socio de gobierno, al Partido Socialista”. No quiso, en cambio, adelantar si su propuesta incluirá el compromiso por parte de los independentistas de no repetir un proceso unilateral.

Sumar sí defendía incluir en la amnistía a los 45 agentes de la Policía Nacional procesados por un juez de Barcelona por presunta violencia “innecesaria” en su intento de impedir el referéndum del 1-O.

"La amnistía, por definición, lo que hace es poner los contadores a cero. Tanto de un lado, como del otro. Por lo tanto, ahí entran también los policías", justificaron a Servimedia fuentes del equipo negociador. Sin embargo, ante el rechazo tanto de los sindicatos policiales como de sectores independentistas, pasaron a remitirse a lo que depare la negociación.