Estas entidades le trasladaron "su disposición a colaborar estrechamente para garantizar que las políticas de igualdad de trato incorporen la perspectiva de la discapacidad y, además, la dimensión de género y derechos humanos que afecta a las mujeres y niñas con discapacidad"

Verdugo expresó su compromiso para que este nuevo organismo estatal se configure como "una estructura verdaderamente independiente, accesible y cercana a la ciudadanía, capaz de promover una cultura de igualdad y respeto a la diversidad en todos los ámbitos de la vida social", según informó este viernes el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

El Cermi y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) mantuvieron una reunión de trabajo con María Teresa Verdugo, designada en mayo pasado como presidenta de este nuevo organismo estatal, vinculado a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Igualdad a efectos organizativos y presupuestarios. Verdugo fue fiscal delegada de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Málaga y fiscal coordinadora de la Sección de Delitos Económicos, "convirtiéndose así en una de las fiscales de odio más veteranas de España", según comunicó el Ministerio de Igualdad. Además, fue representante de España en el Grupo de Trabajo de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas.

Durante el encuentro, en el que también participó la directora de este organismo, Itziar Abad, tanto el Cermi como la FCM trasladaron a la presidenta Verdugo "su disposición a colaborar estrechamente con la nueva Autoridad para garantizar que las políticas y actuaciones en materia de igualdad de trato incorporen de manera efectiva la perspectiva de la discapacidad" y, de forma específica, "la dimensión de género y derechos humanos que afecta a las mujeres y niñas con discapacidad, tradicionalmente más expuestas a situaciones de discriminación múltiple e interseccional".

El Cermi y la FCM manifestaron en la reunión que "reafirman su papel como interlocutores sociales de referencia en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación, y renuevan su voluntad de cooperación institucional para garantizar que las políticas públicas de igualdad sean realmente eficaces".

Ambas organizaciones sociales "subrayaron que la lucha contra la discriminación no podrá abordarse de manera adecuada sin contar con la participación de las personas con discapacidad en general, y de las mujeres y niñas con discapacidad en particular, y sus entidades representativas". Asimismo, manifestaron su expectativa en que la próxima entrada en funcionamiento pleno de la Autoridad, aún pendiente de reglamentación a través de su estatuto, "permita reforzar los mecanismos de protección, denuncia y reparación frente a las vulneraciones del derecho a la igualdad de trato, tanto en el ámbito público como en el privado".

La creación de esta Autoridad se previó en la 'Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación', y, según estas organizaciones sociales "constituye un paso decisivo en el desarrollo de las políticas públicas para la promoción de la igualdad y la erradicación de todas las formas de discriminación".

Según la disposición adicional primera de esta ley, el Gobierno debía proceder, en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor, a la constitución de la Autoridad Independiente, aprobando mediante real decreto sus estatutos. "Sin embargo, este mandato legal ha sufrido un considerable retraso, motivo por el que el Cermi ha instado reiteradamente al Ejecutivo a cumplir con esta obligación normativa", precisó el propio Cermi.

Esta Autoridad, es "un órgano clave para garantizar la aplicación de esta ley y se estableció como organismo estatal autónomo, encargado de proteger y promover la igualdad de trato y la no discriminación tanto en el ámbito público como privado", explicó el Cermi. "Sus funciones principales incluyen la asistencia y orientación a las víctimas de discriminación, la mediación y conciliación en conflictos, la investigación de oficio o a instancia de terceros sobre posibles casos de discriminación, el ejercicio de acciones judiciales, la emisión de informes, estudios y recomendaciones, el seguimiento y propuesta de reformas normativas, y la colaboración con otras entidades e instituciones", añadió.

ORGANIZACIONES SOCIALES

Esta ley previó, además, "la participación de organizaciones sociales, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, en las actividades de la Autoridad y se impone un deber general de colaboración con la Autoridad a las Cortes Generales, órganos judiciales, Ministerio Fiscal, Administraciones públicas y también a personas físicas y jurídicas privadas que deban aportar información". Esta colaboración deberá incluir "la cesión de datos personales cuando sea estrictamente necesaria y conforme a la legislación de protección de datos".

Asimismo, el Cermi informó de que la ley ordena que la Autoridad actúe "sin perjuicio de las competencias del Defensor del Pueblo o de los órganos equivalentes autonómicos, y podrá firmar convenios de cooperación con estos para coordinar actuaciones en defensa de los derechos vinculados a la igualdad de trato".

Este ente ofrecerá asistencia y orientación a las víctimas. Se constituye como órgano de mediación y podrá investigar, de oficio o a instancia de terceros, posibles situaciones de discriminación que revistan una especial gravedad o relevancia, salvo aquellas que tengan carácter de infracción penal. También podrá emprender acciones judiciales, instar a la Administración del Estado para poner en marcha procedimientos sancionadores, o poner en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal. Por último, podrá promover propuestas de modificación normativa, elaborar informes y estadísticas de carácter periódico, o diseñar y mantener un barómetro sobre igualdad de trato y no discriminación, entre otras funciones, informó el Ministerio de Igualdad.