Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los presidentes de los TSJ autonómicos en una reunión celebrada en Granada para estudiar el citado anteproyecto. El texto de conclusiones fue difundido esta tarde por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Desde el punto de vista de la eficacia y legitimidad de las funciones que actualmente desempeñan las Salas de Gobierno no existe una verdadera necesidad de suprimirlas o sustituirlas", dicen. "Por ello estimamos perturbador el modelo de Consejos Autonómicos de Justicia propuesto en el Anteproyecto".

Asimismo, recuerdan que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de acuerdo con los principios de unidad e independencia que establece el artículo 122.2 de la Constitución. Además, sostienen que el modelo de Salas de Gobierno, por su composición netamente judicial y subordinación al CGPJ, "garantiza un absoluto respeto a la independencia del poder judicial sin injerencia de otros poderes".

Asimismo, añaden las conclusiones, aporta mayor simplicidad y operatividad en el ámbito del gobierno interno de los juzgados y tribunales. RIESGO DE POLITIZACION En su opinión, "la integración en los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de componentes ajenos a la carrera judicial, elegidos por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, conlleva el riesgo de la politización de las decisiones sobre cuestiones de gobierno interno que inciden directamente en el ejercicio de la función jurisdiccional".

Así, concluyen que "las competencias que afectan a las garantías constitucionales del ejercicio de la función jurisdiccional deben seguir residenciadas en exclusiva y con plenitud en el Consejo General del Poder Judicial y en las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia con su composición actual".

Por otra parte, consideran que la transferencia de competencias a diversas comunidades autónomas en materia de administración de justicia "ha resultado positiva por aportar mayor eficacia y cercanía a las necesidades del ciudadano".

Los presidentes de los TSJ rechazan el modelo de justicia de proximidad diseñado en el citado anteproyecto, por considerar que "introduce un modelo de Juez que quiebra las garantías de imparcialidad, inamovilidad e independencia que conforman el diseño constitucional del estatuto de los jueces y magistrados integrantes de la carrera judicial".

Además, consideran que el Tribunal Supremo "debe cumplir con su papel constitucional de velar por la unidad de doctrina en la aplicación de la ley", mientras que los TSJ deben culminar la organización judicial en el ámbito de las comunidades autónomas.

En este sentido, añaden que "el Anteproyecto salvaguarda ambos de forma adecuada, sin perjuicio de las mejoras técnicas de que es susceptible".