Así consta en la demanda interpuesta ya ante el Juzgado de Primera Instancia por Julián Simón de la Torre, diputado por Burgos y uno de los 27 cuyos nombres fueron difundidos por Javier Arenas como asistentes a actos de protesta que terminaron en altercados contra el PP.

La demanda señala que Simón de la Torre ha ejercido sus derechos fundamentales recogidos por la Constitución al defender un postura de oposición a la guerra en Iraq, "manteniendo siempre un exquisito respeto al ordenamiento jurídico".

En el ejercicio de ese derecho, explica el relato de hechos, el diputado coincidió con cientos de miles de ciudadanos de forma pacífica y respetuosa, en actos que en algunos casos pudieron verse empañados por una minoría que incurrió en actitudes violentas, entre ellas, el ataque a las sedes y reuniones convocadas por el PP.

Ambas circunstancias, dice la demanda, no tienen conexión algua y, además, el diputado ha condenado reiteradamante estas actitudes violentas, lo que ha sido "ignorado" por Javier Arenas.

"A los efectos de dañar la imagen, la reputación y el honor de mi principal, está haciendo uso de todo tipo de medios de comunicación como radios, televisiones y agencias de información para difundir noticias absolutamente falsas, con el único fin de desprestigiarlo, imputándole falsamente los hechos que se relatan en el expositivo cuarto", asegura la demanda.

Recuerdan, admás, que los ataques a las sedes del PP pueden revestir incluso carácter delictivo, por lo que el lugar para su valoración y enjuiciamiento son los correspondientes tribunales, "sin que a día de hoy se tenga constancia del inicio de ninguna acción judicial contra mi representado".

El relato de hechos, que se acompaña con enumeraciones de las declaraciones de Arenas y recogidas por varios de comunicación, se refiere a la actitud del PP como "táctica preconcebida de desprestigio del PSOE y de todos sus iembros o cargos públicos".

Añaden que estos hechos han ocasionado un "evidente perjuicio moral" al afectado, y recuerdan que, según la legislación vigente, el perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión ilegítima, "lo cual se tiene acreditado muy sobradamente en este caso".

"En consecuencia, y por la lesión efectivamente producida, dada la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación y en la opinión pública, esta parte interesa la condena del demandado y solidariamentede todo aquel que en un futuro se demuestre haya participado en los hechos constitutivos de tal violación, a la cantidad de 500.000 euros, los cuales, toda vez que a esta parte no le mueve ningún interés patrimonial, serán destinados a aquellas organizaciones humanitarias que actúen en Iraq. De igual modo, actuando en nombre del Partido Popular, se interesa la condena subsidiaria de esta formación política".

El demandanto pide además al juez que proceda a "publicar y emitir a costa de los demandados l sentencia que se dicte en los mismos medios de comunicación que han venido utilizando para desacreditar a mi principal".