Además, los jueces podrán declarar ilegal una huelga en otros tres supuestos: cuando persiga"subvertir" el orden constitucional, alterar lo pactado en un convenio colectivo o cuando se infrinja lo dispuesto en este proyecto de ley.

Este texto derogará el vigente decreto ley sobre relaciones de trabajo, que data de marzo de 1977, y antes de su remisión a las Cortes será recabada en los próximos días la opinión al respecto de empresarios y sindicatos, los más directamente afectados por las disposiciones de procedimiento: preaviso de paro, arbitraje y facultades del comité de huelga, entre otra.

Inspirado en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a lo largo de una década en materia de huelga, el Gobierno ha puesto un "énfasis especial", dijo Rosa Conde sin matizar estas palabras, en la regulación de los "servicios esenciales de la comunidad", incluido el funcionariado.

Entre esos servicios esenciales, la ministra citó la sanidad, limpieza pública, defensa, seguridad y protección civil, transporte y comunicaciones, suministro de energía (eléctrica) o combustible doméstic (gas butano) y de productos alimenticios "de primera necesidad".

Las garantías de cumplimiento de los servicios mínimos será responsabilidad de "los poderes públicos", en contra de algunas informaciones aparecidas en los últimos días, en las cuales se adjudicaba al Gobierno la intención de que fueran los sindicatos los que "autorregulasen" el sistema.

No obstante, la futura ley faculta a las distintas administraciones del Estado implicadas en un conflicto para consultar con empresarios y sindicaos el calendario de servicios mínimos.

Si, una vez establecidos, los huelguistas no cumplen los servicios mínimos, la huelga podrá ser declarada "ilegal" y sus protagonistas despedidos.

"CON O SIN ACUERDO"

Respecto a la posibilidad de que los sindicatos no acepten este proyecto de ley, Rosa Conde matizó que en el ánimo del Gobierno está consensuarlo, pero advirtió que si ello no es posible se sacará adelante "con o sin acuerdo".

En opinión del Ejecutivo, explicó, ha llegado el momento de aoptar esa medida "dada la situación de la sociedad española" y negó que en el Consejo de Ministros de hoy se haya producido desacuerdo entre los miembros del gabinete sobre la necesidad de la medida. "El acuerdo ha sido absoluto", respondió.

"Es cierto", comentó, "que con la legislación actual se podrían haber evitado algunas de las huelgas que se han estado produciendo (legislación de 1977 y sentencias del Constitucional), pero nos ha parecido oportuno (el proyecto de ley) (...) Es algo que los sociaistas venimos diciendo en todos nuestros programas electorales y queremos hacer a lo largo de los últimos años".

Preguntada su opinión sobre la huelga de autobuses urbanos de Madrid, que ha colapsado la capital en los últimos días al unirse a la del Metro, la ministra fue escueta: "Es posible que se haya vulnerado la legalidad", dijo.

Por otro lado, Rosa Conde informó que el Gobierno estudió hoy el plan de convergencia de la economía española con la del resto de los países de la Comunidad Europea

Este plan será presentado oficialmente por el presidente del Gobierno, Felipe González, en el próximo debate sobre el estado de la nación, a celebrar en marzo.