Así se puso de manifiesto este miércoles en un acto que Ceoma organizó en Madrid para conmemorar el vigésimo aniversario de la creación de este programa, que tiene como objetivo “acabar con las sujeciones en las residencias mayores” y desarrollar “una formación de los empleados para incidir en la prevención de los problemas de conducta de estos pacientes y transformar los centros, tanto a nivel de espacio como organizativo”.

En el evento también estuvieron presentes la presidenta de Ceoma, Sabina Camacho; el director del Área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo, Rafael Muguruza; y la Fiscal de Discapacidad y Mayores en la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, entre otros.

En su intervención, el director técnico del programa, Antonio Burgueño, reconoció que el número de centros que han eliminado las sujeciones es “una cifra pequeña, teniendo en cuenta que hay más de 4.500 residencias en España”. A pesar de ello, confió en que “en los próximos años” se erradicará esta práctica.

Antonio Burgueño puso de manifiesto que los trastornos de la conducta que presentan las personas con demencia responden a “su manera de comunicarse”, lo que le sirvió para conminar a “aprender a interpretarlos”.

Explicó que la sujeción farmacológica “induce a un mayor riesgo físico y de caídas por pérdida de reflejos o de coordinación”. A su juicio, resulta necesario “transformar las condiciones de la habitación, facilitar el acceso al baño y establecer ajustes organizativos” para revertir esta situación.

Expuso que las sujeciones representan un “fenómeno muy complejo, que tiene muchas connotaciones sociales y culturales”, máxime en los países mediterráneos, donde “hay una cultura de paternalismo y e hiperprotección que hasta puede hacer daño”.

En ese sentido, afirmó que “en muchos casos son las propias familias de los pacientes quienes piden a las residencias que hagan uso de sujeciones para evitar caídas”, a pesar de que “lo que se ha visto es que no hay más caídas en los centros libres de sujeciones que en los que sí las usan”.

Antonio Burgueño defendió las bondades de la iniciativa de Ceoma y observó que la petición de la Fiscalía General del Estado a los fiscales para que investiguen las sujeciones en las residencias ha supuesto un “estímulo” para que los centros de mayores se interesen por este programa.

Por su parte, María José Segarra recordó que la instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre el uso de contenciones en residencias obliga a que las medidas se lleven a cabo “bajo prescripción médica, que sean individualizadas y por un periodo de tiempo concreto, con un consentimiento informado y una continua reevaluación”.

Esto le sirvió para apuntar que en aquellas situaciones que incumplen estas condiciones se pueden “tomar medidas cautelares en el ámbito civil o incluso se puede investigar si es constitutivo de delito”.

María José Segarra manifestó que “ha habido un antes y un después” en la relación entre la Fiscalía y las residencia de mayores. “Ha habido un acercamiento, nos hemos conocido más, y eso ha permitido resolver dudas y seguir construyendo para evitar que haya merma de derechos en las residencias”.

Por último, Sabina Camacho arguyó que el programa ha cosechado “efectos positivos en los centros donde se ha implantado, y éstos se han transformado en centros más humanizados, contribuyendo con ello a dignificar y humanizar los cuidados a las personas mayores que allí viven”.