Fuentes socialistas confirmaron a Servimedia que su portavoz en la Cámara Baja, Héctor Gómez, registrará la iniciativa por la mañana y comparecerá ante los medios de comunicación para explicar su motivación, puesto que busca que tanto el CGPJ como el Ejecutivo central puedan nombrar a cuatro nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional.

La clave de esta reforma es que el órgano de gobierno de los jueces tiene paralizada su capacidad de aprobar nombramientos porque otra iniciativa similar de PSOE y Unidas Podemos vetó esa capacidad hace un año. Entonces, modificó a través de las Cortes Generales la ley de funcionamiento del CGPJ con el fin de impedir que pudiera seguir designando magistrados teniendo su mandato agotado desde diciembre de 2018, con lo que intentó presionar al PP de Pablo Casado para que facilitara su renovación.

Sin embargo, no sirvió de nada por la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos del país y ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encuentra que no puede sustituir a los magistrados del Tribunal Constitucional que acaban de agotar su mandato el 12 de junio. Aunque la iniciativa del nombramiento en este caso corresponde a La Moncloa, tiene como obstáculo que previamente debe hacerlo el Consejo General del Poder Judicial.

La solución jurídica que ha encontrado el PSOE para desatascar la situación y permitir que el Gobierno designe a nuevos magistrados en el Constitucional es volver a cambiar la ley del CGPJ y establecer una excepción a la reforma que hico hace poco más de un año.

“REFORMAR SOBRE LO REFORMADO”

Se trata de “reformar sobre lo reformado” en 2021, puesto que el texto que ahora han confeccionado los socialistas introducirá una nueva cláusula en el artículo 570 bis que habilitará al Consejo General del Poder Judicial a proponer nombramientos única y exclusivamente para el Tribunal Constitucional.

De este modo, el CGPJ podrá proceder primero con sus propuestas de nombramientos de magistrados para el Tribunal Constitucional y acto seguido podrá hacer lo mismo el Gobierno de Pedro Sánchez.

La intención de los socialistas es poner en marcha el proceso en el mes de julio, para lo que piensa habilitar un Pleno del Congreso en la misma semana del Debate sobre el estado de la Nación en el que se debatiría la toma en consideración de esta reforma legislativa y el inicio de su tramitación.

Las fuentes consultadas indicaron a Servimedia que esta modificación legal no se ha consensuado ni hablado con el Partido Popular porque el PSOE cree contar con apoyos suficientes en el resto del arco parlamentario para sacarla adelante, aunque considera que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo debería apoyarla. Al tratarse de una ley orgánica, hace falta mayoría absoluta de 176 diputados para aprobarse.

Desde la principal formación de la oposición, fuentes cercanas a Feijóo expresaron a Servimedia su sorpresa por esta reforma y por enterarse de ella a través de los medios de comunicación. Señalaron que habían quedado en retomar las conversaciones para la renovación de los órganos judiciales tras las elecciones autonómicas en Andalucía pero nadie se ha puesto en contacto con ellos.