Ros, en declaraciones a Servimedia, destacó que la nueva norma que probablemente será aprobada mañana en el Congreso, "tras 15 años de trabajo y haber pasado por la Cámara Baja en cuatro ocasiones, reparará cualquier conducta que vulnere los derechos de las personas por razón de sexo, etnia y orientación sexual, entre otros motivos".

"La nueva ley", explicó Ros, "contempla la figura de la autoridad independiente, un órgano independiente con recursos públicos que podrá investigar de oficio situaciones de discriminación. También contempla el agravante cuando la discriminación la comete un servidor público". Además, contempla sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros según sean consideradas leves, graves o muy graves.

"España es un país diverso y la diversidad es un valor, no un obstáculo. La norma pretende acabar con las discriminaciones invisibles y con la indefensión que sufren algunas víctimas que luego no se atreven a denunciar. Con ella las conductas discriminatorias no quedarán impunes", subrayó Ros, como las que han sufrido durante años las personas de etnia gitana.

"Es una ley para acabar con el desprecio, la humillación y el odio y para que se respete la igualdad y la no discriminación, concluyó Ros.