Según explicó a Servimedia la diputada socialista Carmen Figueras, el PSOE propone que se defina legalmente este tipo de empresas, que tratan de insertar en elmercado laboral a las personas que padecen situaciones de dificultad y exclusión social, es decir, colectivos como ex presidiarios, ex toxicómanos, minusválidos y parados de larga duración.

"La finalidad", según Figueras, "es garantizar y promover la inserción laboral de colectivos que están marginados y que ahora, con el crecimiento económico y el incremento de la competitividad, en muchos casos quedan más olvidados aún por la sociedad".

Asimismo, se pretende que este tipo de empresas -que suele contar con respaldos de fundaciones benéficas u organizaciones no gubernamentales- puedan desarrollarse y cumplir su papel gracias también a mecanismos públicos que compensen los mayores costes que supone emplear a personas con dificultades físicas, psíquicas o sociales. Figueras también pide que estas empresas cuenten con ventajas a la hora de acceder a créditos bancarios.

NUEVO CONTRATO ESPECIAL

Además de las bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social, que no quedan concretadas en la proposción no de Ley, el PSOE propone crear un nueva modalidad de contratación.

Este contrato, según explicó Figueras, sería de duración temporal y ofrecería a las personas en dificultad la oportunidad de trabajar en una actividad. El puesto de trabajo -que sería permanente en la empresa- estaría siempre adaptado a las posibilidades y capacidades reales del trabajador. Asimismo, las cotizaciones a la Seguridad Social por dicho contrato podrían correr, en su mayor parte, a cargo del Estado.

Figueras desacó la importancia de que el pleno del Congreso alcance una acuerdo unánime para transmitir dicha proposición al Ejecutivo antes de que finalice la presente legislatura. "Es muy importante que todos lleguemos a un acuerdo sobre esta proposición, para que el Gobierno que sea comience a trabajar en el proyecto", afirmó la diputada socialista a esta agencia.

Actualmente en España existen entre 200 y 300 empresas de inserción laboral, todas privadas y subvencionadas por fundaciones u organizaciones no gubrnamentales. Dichas empresas están reguladas en la mayoría de los países de la Unión Europea.

El Libro Blanco de Asuntos Sociales realizado por la Comisión Europea recomienda acometer políticas activas en materia de inserción social, como la regulación de las empresas de inserción laboral, también denominadas empresas alternativas o empresas de economía social.