Los socialistas hacen esta demanda en una proposición no de ley que han registrado en el Congreso para ser debatida en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.

De acuerdo con lo acordado en Bruselas, los países comunitarios tienen un plazo de dos años y medio para adaptar su legislación nacional y tres años y medio para aplicar la directiva en cuanto a este documento identificativo.

De ahí la iniciativa parlamentaria del PSOE. Su objetivo es que la Cámara Baja inste al Gobierno a “llevar a cabo las actuaciones necesarias para la implantación en nuestro país, en el plazo más breve posible, de la Tarjeta Europea de Discapacidad”.

De este modo, las personas con discapacidad de España podrán “disfrutar de las ventajas a las que tengan derecho en otros países de la Unión Europea”, explica, al tiempo que las personas con discapacidad procedentes de otros Estados miembros se podrán “acoger a los beneficios reconocidos por las autoridades españolas”.

En opinión de los socialistas, “España ha demostrado una enorme implicación en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, y esta es una buena ocasión para seguir demostrando su compromiso con este colectivo”.