Los socialistas buscan así obligar a la presidenta de las Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a asegurar el acceso real de las mujeres a esta prestación sanitaria pública. La iniciativa, cuyo autor y portavoz es el senador socialista por Madrid José Manuel Franco, se debatirá en el Pleno del Senado el próximo miércoles, 18 de marzo.

"El aborto es un derecho y la presidenta Ayuso no puede impedir su aplicación", afirmó el senador socialista, quien añadió que "el desprecio de la presidenta por los derechos y libertades de las madrileñas es insoportable, así como su empeño en querer imponer su visión particular del mundo a toda la sociedad".

El parlamentario madrileño recordó que "Ayuso sigue negándose a cumplir la Ley del aborto incluso con una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le obliga a hacerlo. Ella es capaz de ignorar a la Justicia si no le baila el agua y eso es un síntoma grave de autoritarismo y de pensamiento antidemocrático".

"Las y los socialistas no vamos a permitir que Ayuso siga ignorando la ley y maltratando los derechos de las mujeres. Por eso, vamos a pedirle al PP que apoye esta moción en el Senado para que se aleje del comportamiento autoritario de su presidenta madrileña y que también le exija que cumpla la ley”, aseguró.

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS

La moción del PSOE recuerda que "los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos reconocidos internacionalmente" y que "en España el avance decisivo se produjo con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, posteriormente reforzada con la reforma aprobada en 2023".

Entre las medidas incorporadas por esta reforma se encuentra la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, un listado confidencial que permite organizar los servicios sanitarios y garantizar que el ejercicio de la objeción de conciencia no impida el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública.

El texto señala que la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación sanitaria pública y que, sin un registro de objetores, los centros hospitalarios no pueden planificar adecuadamente los recursos disponibles para realizar esta intervención, lo que dificulta el acceso efectivo a este derecho.

Asimismo, subraya que las comunidades autónomas tienen la obligación de crear y mantener este registro, tal y como establece la legislación estatal. La mayoría de los gobiernos autonómicos ya han iniciado o implantado este procedimiento, mientras que otros aún no han desarrollado plenamente esta herramienta.

En este sentido, la iniciativa también recuerda el reciente pronunciamiento judicial que obliga a iniciar los trámites para la creación del registro conforme al protocolo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por todo ello, la moción socialista insta al Gobierno, respetando el reparto constitucional de competencias, a "garantizar la implantación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas, en los términos recogidos en la legislación vigente, para asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad".