La edil Ana Lima preguntará por la falta de este plan al delegado del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y aprovechará para reclamar su aprobación de forma "inmediata", según relató Maroto. "Es inaceptable que durante seis años esta ciudad no tenga una hoja de ruta que garantice los derechos de un colectivo que merece más apoyo, más recursos y más sensibilidad institucional", señaló.

En esa línea, criticó que "esta falta de actuación supone un grave déficit institucional que deja sin cobertura estratégica de forma alarmante a miles de ciudadanos y ciudadanas que requieren políticas específicas de accesibilidad, de empleo, de formación, de vivienda, de ocio y de participación".

Reprochó que para la aprobación de este plan falta "voluntad política, liderazgo" y compromiso real del Ayuntamiento con las personas con discapacidad". Avanzó que el PSOE pedirá la aprobación "inmediata de un nuevo plan de acción de discapacidad que marque objetivos, recursos y plazos claros, que garantice la participación real de las entidades y de las propias personas con discapacidad, que refuerce los servicios municipales de accesibilidad, de atención y apoyo, que establezca compromisos concretos de empleo, vivienda, movilidad, educación y salud y sobre todo que dote presupuestariamente estas medidas para que no se queden en papel mojado".

PLAN PARA 2026

José Fernández anunció durante una entrevista concedida a Servimedia en julio que a finales de este año comenzaría a redactar el Plan Estratégico de la Discapacidad 2025-2028 que pretende abordar la discapacidad como un elemento transversal a todas las áreas de Gobierno del Consistorio influyendo incluso en el diseño de la ciudad.

El plan inicialmente tendrá una inversión de 49.000 euros para el contrato de elaboración y está previsto que se ponga en marcha en el segundo semestre de 2026.

Según la memoria justificante sobre la idoneidad y la necesidad de este plan, a la que tuvo acceso Servimedia, "la ciudad de Madrid ha realizado un gran esfuerzo por avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, es necesario desarrollar nuevas y más intensas actuaciones en el ámbito de la atención a la discapacidad, actuaciones reclamadas muchas de ellas por la ciudadanía".

El informe aporta datos de la Comunidad de Madrid que señalan que 64 de cada 1.000 personas de la ciudad de Madrid tienen reconocido algún tipo de discapacidad, por lo que "es obligación de los poderes públicos eliminar la brecha que, en el ejercicio de los derechos fundamentales, se produce por la discapacidad, mediante el incremento de los apoyos a las capacidades personales, establecimiento de ayudas técnicas y eliminación de las barreras sociales que dificultan la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad".

El documento también argumenta que es necesario recurrir a la contratación externa porque "la elaboración de un plan de Ciudad, máxime de las características de Madrid, requiere de una alta especialización y dedicación específica".