El defensor del Pueblo, que hizo entrega del Informe 1990 a los presidentes del Congreso y el Senado, destacó el apartado de la memoria referido a las detenciones y malos tratos practicados por los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados.

Como ya hiciera en la presentación de la memoria de 1989, Gil- Robles advirtió sobre el peligro que supone el que, en España, no siempre se garantice en las detenciones el respeto a los derechos constituconales, "a causa de una concepción inadecuada de la figura de la detención".

"Resulta prioritario afirmar que el ciudadano conducido a una dependencia policial o a un cuartel de la Guardia Civil ha sido privado de libertad, sin que puedan ser aceptadas manifestaciones tales como que 'ha permanecido poco tiempo' o que 'ha sido invitado a comparecer para esclarecer las circunstancias de los hechos'", se asegura en la memoria de la Oficina del Defensor.

VIGILANTES JURADOS

Gil-Robles resaltó que enel terreno de los malos tratos ha aparecido un nuevo supuesto, referido a denuncias por las actuaciones de los vigilantes jurados.

"Son preocupantes las prácticas de algunas de estas personas", dice el informe, "consistentes tanto en actuar con desproporcionada violencia, con absoluta carencia de proporcionalidad ante los hechos a corregir, o en proceder a la detención de un ciudadano e interrogarle, sin que intervengan en ningún momento las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

En opinión el Defensor, estos hechos revelan la urgencia de la puesta en vigor de una nueva ley de policías privadas.

Por lo que respecta a las novatadas durante la prestación del servicio militar, Gil-Robles informó que las quejas se han incrementado bastante respecto a años anteriores, si bien se felicitó por el hecho de que todos los denunciados hayan recibido un severo castigo.

El defensor del Pueblo expresó su queja por las dificultades que han encontrado para investigar las denuncias por malos tratos eferidas a la actuación de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Aseguró que, en gran número de casos, aparecía la excusa de la tramitación por vía judicial o la demora en la resolución de las diligencias para no proporcionar la información requerida por su institución.

En materia penitenciaria, dijo que las quejas por malos tratos han desaparecido prácticamente y ha mejorado el nivel sanitario en los establecimientos carcelarios. Los puntos "negros" siguen siendo el hacinamiento y los traslaos de los reclusos, problemas que se agravan en lo que afecta a la comunidad catalana.

TELEFONICA Y CORREOS

En el ámbito de los servicios públicos, las denuncias procedieron en su mayoría por el mal funcionamiento y deficiente calidad del servicio de Telefónica, especialmente entre la población rural, y de Correos.

En cuanto a los rasgos básicos de las personas que se dirigieron a la Oficina del Defensor del Pueblo, el 98,7 por ciento de los casos lo hicieron a título individual y sólo el 0,5 crresponde a colectivos.

El perfil del denunciante es un hombre, de 50 años, casado, funcionario de la Administración pública y sin estudios, y con unos ingresos económicos inferiores a 100.000 pesetas mensuales.

Por comunidades autónomas, los habitantes de Madrid fueron los que más denuncias presentaron (6.578), seguidos de Andalucía (3.738), Castilla-La Mancha (3.063) y Cataluña (2.081).

En relación al número de habitantes, Castilla-La Mancha ocupó el primer lugar de las quejas, seguida de ragón, Madrid, Melilla y Baleares.

Alvaro Gil-Robles señaló que la memoria, amén del carácter crítico que contiene, pretende que de ella se desprenda la "articulación de soluciones" por parte de la Administración.