Así lo pusieron de manifiesto la presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas, Concepción Barrio del Olmo; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, y la coordinadora del Departamento Jurídico de Plena inclusión, Inés de Araoz, durante un diálogo en Servimedia con motivo del quinto aniversario de la Ley 8/2021.

Barrio del Olmo señaló que, aunque la reforma ha supuesto “un cambio de mentalidad y de cultura jurídica”, todavía existen operadores que “no conocen bien” algunas de las figuras introducidas o reforzadas por la nueva legislación. Entre ellos citó expresamente a las entidades bancarias, que, según explicó, “todavía ponen muchos problemas” tanto con la guarda de hecho como con los poderes preventivos.

A su juicio, es necesario continuar realizando una labor “pedagógica” entre los distintos profesionales y operadores para que comprendan el cambio de modelo impulsado por la reforma y dejen de “recurrir a fórmulas propias del sistema anterior”, basado en la incapacitación judicial y la tutela.

En esta misma línea, Pérez Bueno advirtió de que las personas con discapacidad y sus familias sufren una situación de “exclusión financiera agravada”, pese a que desde el punto de vista jurídico la reforma ya ha reconocido un modelo que permite a las personas decidir cómo quieren organizar sus apoyos.

El presidente del Cermi denunció así la distancia que todavía existe entre “lo que dice la ley” y “la práctica real” y lamentó que las entidades financieras continúen reclamando documentos o trámites que, en su opinión, “responden a una concepción anterior del sistema de apoyos”.

Pérez Bueno subrayó que la guarda de hecho es precisamente “una medida de apoyo” que puede existir sin necesidad de una resolución judicial y consideró que “no debería exigirse a las familias una sucesión de documentos y comprobaciones burocráticas” para acreditar una situación que la propia legislación reconoce.

Por su parte, De Araoz explicó que Plena inclusión ha recibido numerosas consultas y denuncias de familias que encuentran dificultades en los bancos, especialmente relacionadas con la guarda de hecho. Según relató, en algunos casos las entidades llegan a “no reconocer siquiera un acta de notoriedad” destinada precisamente a acreditar la existencia de esa guarda.

La responsable jurídica de Plena inclusión añadió que las dificultades pueden llegar a impedir que las familias accedan o gestionen cuentas bancarias de las personas con discapacidad, incluso cuando en ellas se ingresan prestaciones como una pensión.

“Al final las familias se desesperan cuando se les prohíbe el acceso a las cuentas” o cuando no pueden operar con normalidad, explicó De Araoz, quien consideró que esta situación constituye “un obstáculo” para la aplicación efectiva de la reforma.

A ello se suma, según señaló, la dificultad de contactar con una persona en las entidades financieras para explicar cada situación y resolver las incidencias, así como la existencia de criterios diferentes entre bancos a la hora de interpretar la documentación aportada.

De Araoz valoró las actuaciones impulsadas desde la Fiscalía General del Estado, en concreto desde la Fiscalía de Sala, en colaboración con el Banco de España y la Asociación Española de Banca, para elaborar documentos destinados a facilitar la interpretación de la guarda de hecho y determinar qué documentación puede utilizarse ante las entidades financieras.

También destacó iniciativas de entidades privadas, como la Fundación Pombo, que ha desarrollado una clínica jurídica y materiales informativos dirigidos a personas con discapacidad y familias para “facilitar sus gestiones bancarias”.

Los participantes coincidieron en que el objetivo no debe ser únicamente mejorar la situación actual, sino conseguir que “desaparezcan las trabas” que todavía encuentran las personas con discapacidad para ejercer sus derechos financieros y que la reforma de 2021 se aplique de forma efectiva también en las relaciones con la banca.