Martín Blanco hizo el anuncio durante la jornada 'Los derechos de las personas con discapacidad’, que se celebró hoy en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid, donde se analizó el impacto de la reforma del artículo 49 de la Constitución.

En su opinión, el “gran logro” que supuso modificar el texto constitucional para recoger una mejor protección de los derechos de las personas con discapacidad y eliminar el término ‘disminuido’ “no debe interpretarse como la meta, sino como un punto de partida de la igualdad transformadora que guía nuestras políticas”.

“Es un mandato que exige responsabilidad y vigencia”, afirmó, y "desde el Ministerio de Derechos Sociales trabajamos para positivarlo en la Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social y en la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, mediante sendas reformas”.

De hecho, el director general confió en que ambos borradores “saldrán a consulta pública en breve, en las primeras semanas de mayo”. Durante este proceso, añadió, “vamos a escuchar de forma especial la voz de las mujeres y los menores con discapacidad”. De ahí también el compromiso del Gobierno con el Plan de Acción de Mujeres y Niñas con Discapacidad, "siempre desde un enfoque feminista”.

ACCESIBILIDAD Y APOYOS

En cuanto a las reformas legales anunciadas, explicó que se trata de que ambas normas recojan de forma adecuada la obligación de los poderes públicos de “impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles”. “Sin accesibilidad no hay acceso a otros derechos y, por eso, la justicia ha de protegerla” y las administraciones, garantizarla, insistió.

En su opinión, esta idea debe empezar a “impregnar la Ley de la Dependencia para que verdaderamente se le conozca por la primera parte de su título y promueva de forma efectiva la autonomía personal”. Para ello, dijo que se deben garantizar "todos los apoyos a la toma de decisiones que las personas puedan requerir”, así como las ayudas precisas de cara a asegurarles una vida autónoma. “Estoy convencido de que cuando esta reforma llegue a las Cortes contará también con un amplio consenso”, vaticinó Martín Blanco.

Otras normativas que, a su juicio, deben adaptarse al nuevo artículo 49 son la Ley de la Propiedad Horizontal y la futura Estrategia Nacional de Desinstitucionalización. En este sentido, expresó su confianza en que, ”tal como ha dicho el presidente Sánchez, esta sea la legislatura de la vivienda”, de modo que “podamos ver en ella la tan demandada reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para que 100.000 personas mayores y con discapacidad dejen de vivir encerradas en sus propias casas por falta de accesibilidad”. “Si la accesibilidad universal es un derecho hay que empezar por el entorno más inmediato de la persona: su vivienda”, recalcó.

Asimismo, aseguró que este principio también guiará toda la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, que “marcará una hoja de ruta para que los cuidados sean derechos y todas las personas, sin excepción, podamos elegir dónde vivir”. “No es de recibo que, por tener discapacidad una persona acabe sus días compartiendo baño con alguien a quien no conoce”, zanjó el director general.

EFECTO CASCADA

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, apuntó que la modificación del artículo 49 de la Constitución no fue “una reforma neutra, sino un desencadenante de cambios que deben trasladarse a muchas otras leyes”. Por ello, aplaudió la iniciativa legislativa impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para acabar con el despido automático por incapacidad.

Se refirió también a los debates que ya se han puesto en marcha para reformar muchos estatutos de autonomía, en la misma línea que la Constitución. A su juicio, “hay muchos estatutos autonómicos que se han quedado desfasados, tanto en el aspecto terminológico como en el normativo”.

Se trata del segundo nivel de poder constitucional en España, por lo que reclamó que el espíritu de la reforma constitucional llegue también a las leyes autonómicas”.

Pérez valoró el anuncio de modificación de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Dependencia, aunque señaló que, más adelante, convendría aprobar una legislación ‘ex novo’ acorde al nuevo artículo”.

En su opinión, “los textos legislativos refundidos tienen sus limitaciones, impuestas por los propios textos que refunden”, con lo que instó a “sacar adelante leyes nuevas sobre discapacidad”. Ahora bien, “no hablamos de algo que tenga que ser ya mismo”.

En cambio, sí urgió a reformar la Ley de Propiedad Horizontal y los ya citados estatutos de zutonomía, porque el artículo 49 “debe tener un efecto cascada” que llegue a todos los ámbitos.