El reciente laudo dictado sobre la compañía tras el conflicto surgido po la propuesta del INI de cerrar cinco fábricas del grupo y reducir la plantilla en unas 2.000 personas, abrió un plazo de tres meses para reconducir la situación y, mientras, aplicar una regulación de empleo sobre el 86 por cien de los puestos de trabajo, lo que supondría unas 2.673 personas.

Las fuentes consultadas señalaron que la actual cartera de pedidos del grupo y su bajo nivel de actividad aconsejaba llegar con la regulación de tres meses a los 2.673 trabajadores, pero reconocieron que los plans de diversificación industrial que se están analizando aconsejan no descapitalizar demasiado el grupo de recursos humanos para hacer frente a los nuevos proyectos.

Las 2.030 personas que, como máximo, se verán en situación de regulación de empleo en todas las fábricas del grupo se reparten entre las 130 de Madrid, otras 280 en Oviedo, 250 en La Coruña, 160 en Murcia, 550 en Trubia (Asturias), 100 en Toledo, 250 en Palencia, 140 en Granada, 150 en Valladolid y 20 en la localidad madrileña de Paracuells.

Actualmente, la plantilla de Santa Bárbara cuenta con 3.109 trabajadores, de los que el plan de ajuste propuesto por el INI proponía suprimir 2.000, cerrar cinco fábricas y concentrar su baja actividad en el resto de los centros de trabajo.

Este es un objetivo al que los responsables del INI no pueden renunciar, por lo que desean llegar al acuerdo que no fue posible antes del laudo en torno a un plan no traumático de bajas incentivadas y prejubilaciones que de como resultado una nueva dimensió del grupo de armamento estatal.

Los tres meses dictados en el laudo es el plazo con el que cuentan dirección y sindicatos para lograr dicho acuerdo, ya que de no ser así volvería a hacerse necesaria una nueva intervención arbitral que determine las medidas a tomar para hacer frente a la caída de pedidos motivada por las restricciones presupuestarias del Ministerio de Defensa.