En su opinión, "el origen de esta alarmante situación radica en el propio diseño de los contratos y acuerdos marco en los que se materializa la gestión de la Red Pública de Centros y Residencias".

Estos son preparados "unilateralmente" por la Comunidad de Madrid, criticaron, "sin que las entidades que lo van a llevar a cabo puedan negociar ningún aspecto del acuerdo". "Solo se les convoca a efectos informativos sin capacidad de negociación".

Denunciaron que estos acuerdos marco y contratos "incluyen determinadas cláusulas claramente perjudiciales para las entidades", al tiempo que excluyen "otras que son fundamentales para la propia supervivencia de la Red de Centros y Residencias, como acciones compensatorias de situaciones sobrevenidas".

Un claro ejemplo de esto último es la reciente firma del nuevo convenio laboral para los profesionales del sector, con validez desde enero de 2025 y que contempla una subida salarial del 10%. Según las organizaciones, la administración autonómica no ha aprobado "una compensación que permita a las empresas y entidades hacer frente a semejante incremento de los costes fijos".

Sí celebraron la mejora de las condiciones laborales de sus empleados, "fundamental para mantener los elevados estándares de calidad del servicio", aunque advirtieron de que dicho incremento salarial, "si no va acompañado de medidas económicas correctivas por parte del Ejecutivo regional, deja a las entidades y empresas en una infrafinanciación que pone en riesgo la continuidad de estos servicios esenciales".

Las empresas y entidades firmantes trasladaron estas demandas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la consejera de Familia, Salud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León.

En dichas misivas, solicitaron que se arbitren las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la atención a las personas con discapacidad, y reclamaron aprobar un nuevo acuerdo marco con la mayor rapidez que permita la legislación, para que "no se prorrogue el actual".

Además, exigieron la participación de representantes de los propios centros y residencias en su elaboración y la incorporación de algún tipo de medida para compensar la subida de los costes salariales.