El objetivo es que todos los centros se ajusten al nuevo modelo de unidades de convivencia para que las personas mayores que residan en espacios acogedores, lo más parecido a un hogar, y reciban atención integral personalizada, respetando siempre sus necesidades y preferencias. La prioridad es desarrollar un modelo centrado en la persona.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró en rueda de prensa que los aspectos arquitectónicos que se contemplan en esta ley son de “obligado cumplimiento” desde el día en que entra en vigor para todos los nuevos centros que se proyecten. En cuanto al resto de centros, señaló que tendrán que ir adaptándose a esos requisitos pero en un periodo “más largo”. En ese sentido, recordó que el Consejo Territorial de Servicios Sociales estableció que las obras de los centros tendrá un horizonte hasta 2029.

Admitió incluso que habrá centros en Castilla y León que, por su propia tipología, no podrán realizar estas obras. En dichos casos, será necesario elaborar un informe de excepcionalidad, “siempre que vea justificado”. Como ejemplo puso los centros públicos como la Mixta de Segovia, donde las obras de adecuación han sido relativamente sencillas, mientras que ha sido imposible adaptar las residencias de Salamanca y Zamora.

La consejera recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el pasado martes una línea de subvenciones a centros, dotada con 15 millones de euros, para financiar la modernización y adaptación de las residencias y centros de día a este nuevo modelo de unidades de convivencia. Añadió que la administración autonómica también ha mejorado las cuantías que reciben los centros por las plazas concertadas.

De media, lo que se paga por las plazas concertadas en residencias mayores ha aumentado un 33% y de centros de discapacidad, en torno al 22%. Es decir, las plazas en viviendas de autismo han pasado de 1.800 euros en 2019 a los cerca de 2.300 euros. En cuanto a las plazas de grandes dependientes, el salto ha sido de 1.580 al mes a 2.100 euros en el mismo periodo. También ha aumentado la prestación vinculada que se da a las familias para pagar los servicios residenciales, con una subida del 24 por ciento en los últimos tres años.

MÁS DE 72.000 PLAZAS

La nueva ley, que ahora comenzará su tramitación parlamentaria en las Cortes, afectará a las 72.634 plazas que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y personas con discapacidad. En concreto, existen por un lado 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas por 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente, entre públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia.

Esto sitúa a Castilla y León, según apuntó Blanco, como la comunidad con la mayor cobertura de España tanto en número de plazas totales en residencias, como en número de plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,8 por ciento, muy por encima de la media nacional (4,1 por ciento). En cuanto a personas con discapacidad, hay 18.034 plazas para su atención (5.164 residencias, 2.232 viviendas y 10.638 centros de día), distribuidas por 825 centros.

La consejera reconoció que el mundo de la atención residencial es “tan variado” como el de la Comunidad. De ahí que apuntara que hay centros que tienen mucha demanda pero hay otros con muchas plazas vacías pero también hay mucha diferencia en el precio. “Una habitación doble tiene un precio de 800 euros al mes en alguna residencia rural y otras muy especializadas, como San Juan de Dios, roza los 3.000 euros. Se trata de conjugar los dos modelos, el de atención domiciliaria y el de centro residencial, para que ambos se sientan como en casa”, sentenció.

La futura ley aborda las características básicas espaciales y materiales que deben reunir todos los centros, orientadas a una configuración basada en unidades de convivencia (como se viene realizando en las residencias públicas de la Junta de Castilla y León desde hace años), con el doble objetivo de extender el modelo de atención centrada en la persona y también aplicar las enseñanzas que dejó la pandemia de cara a la propagación de enfermedades.

De este modo, los usuarios conviven en entornos más pequeños (de hasta 16 personas) y en unas instalaciones que emulan su propio hogar, para garantizar, de manera combinada, la autonomía, la seguridad, la confortabilidad y la calidad en la atención. En concreto, el proyecto de ley organiza los centros en tres áreas definidas: la zona de unidades de convivencia, la de espacios comunes y la de servicios generales.

Desde hace años, la Junta de Castilla y León ha venido instalando las unidades de convivencia en los centros públicos. Ahora, por primera vez, se recogen en una norma de rango legal y se impulsan en las residencias de ámbito privado. De este modo, la futura norma trata de superar el antiguo modelo residencial transformándolo en espacios asimilados al propio hogar de los mayores como espacios con dormitorio, ducha particular accesible, cocina o sala de estar, lo que facilita el aislamiento y la compartimentación en caso de un contagio o una pandemia, como ocurrió con el COVID. Además, se regulan las viviendas asistidas, que no podrán pasar de ocho plazas en términos generales o de cuatro en el caso de que se trate de personas con discapacidad por enfermedad mental.

El texto de la ley determina su organización, funcionamiento, régimen de autorización, evaluación de calidad y principios y se aplica en todos estos centros, al margen de su titularidad y de que tengan o no ánimo de lucro, por lo que supondrá cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales.

Blanco destacó que Castilla y León lleva “muchos años” con la apuesta por este nuevo modelo pero valoró que el hecho de aprobar una ley, que es la primera de España, para “blindar” la calidad de la prestación de esos servicios.

NOVEDADES DE LA NORMATIVA

Para desarrollar la atención centrada en la persona, el texto regula el modelo de atención integral, con un fuerte componente ético y de reconocimiento de la dignidad de la persona, que supere la rigurosidad de la atención puramente asistencial. La ley coloca a la persona en el lugar preferencial y recoge todo un catálogo de derechos que protegen su autonomía: proyecto de vida, decisiones manifestadas previamente por escrito, a mantener su idiosincrasia e identidad cuando el grado de autonomía empeore o a un trato personalizado, afectuoso, digno y con respeto a intimidad y creencias, entre otros.

El proceso de adaptación de todos los centros de día y residenciales, tanto públicos como privados, a este modelo de atención centrado en la persona implica la salvaguarda general del derecho a ser asistidos sin ningún tipo de restricción, tales como las sujeciones físicas o algunos tratamientos farmacológicos. En este sentido, la ley promueve y regula una atención libre de restricciones, salvo las excepciones.

Este derecho implicará que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, todos los centros que cuenten con alguna persona usuaria al que se le esté aplicando alguna restricción que no tenga la consideración de actuación de urgencia, deberán desarrollar e implantar un plan de eliminación de sujeciones en el centro.

La ley establece también un ‘Proyecto de Vida’ documentado para que la persona pueda desarrollar el mismo de acuerdo con sus valores, gustos y preferencias, respetando y apoyando sus decisiones y con un nuevo enfoque a los objetivos y cometidos de los profesionales de estos centros.

Por otra parte, las personas estarán atendidas por profesionales coordinados, asignando un profesional de referencia a todos los residentes –con quien establecerán una relación de confianza y se convertirá en el responsable del acompañamiento y de la atención directa– y un gestor de caso para la coordinación entre los residentes, la familia, el profesional de referencia y el resto de profesionales.

En línea con una concepción integral de la atención debida a los usuarios del Sistema Público de Salud y del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, el texto articula la necesaria coordinación y colaboración entre ambos. En este sentido, la consejera apuntó que esto se concretará con el posterior desarrollo reglamentario.

El desarrollo de esta ley también supone una apuesta por la innovación y la calidad a través de la evaluación continua de la calidad de los servicios residenciales, del desarrollo de estándares de calidad, la elaboración de directrices, guías y manuales de buenas prácticas, promoviendo actividades de formación especializada y la sensibilización social, en especial, la formación de los profesionales, por lo que la nueva Ley dispone que todos los centros tendrán que elaborar un plan anual de formación.

Los centros deberán someterse periódicamente a una evaluación de calidad como garantía del cumplimiento por parte de todos los agentes que intervienen en el proceso de la obligación de prestar servicios de calidad que protejan los derechos de las personas usuarias, algo que será posible gracias a las herramientas informáticas que se tendrán que implantar. Isabel Blanco puso como ejemplo la posibilidad de comprobar que los centros cuenta con los seguros de responsabilidad civil.

En este apartado, la consejera de Familia manifestó que habrá que profundizar en la percepción de los usuarios y las familias sobre la atención que prestan los centros, tanto desde el punto de técnico como organizativo.

Hay aspectos de la ley que están sujetos a la posterior normativa de desarrollo, como es el caso del número de profesionales que deben trabajar en los centros residenciales o de día –que se aprueba en los consejos territoriales–, si bien sí se establece la formación requerida para formar parte de las plantillas como los títulos de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia o Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, además de los correspondientes certificados de profesionalidad que convaliden la prestación previa de servicios.

En todo caso, Isabel Blanco aseguró que, en la actualidad, los centros dependientes de la Gerencia regional de Servicios Sociales están “muy por encima” de las ratios establecidas pero también la mayor parte de los centros privados. Añadió que habrá una ampliación paulatina de las ratios de profesionales por usuarios hasta 2029.