En concreto, la moción presentada por IU-MM-VQ a la que se adhirió el PSOE, alude a un decreto del Gobierno regional que interrumpe la atención temprana cuando el menor cumple los seis años.

El texto señala que el decreto solo permite continuar la atención temprana cuando el menor en cuestión ha repetido curso en el primer ciclo de Infantil o cuando se va a incorporar a un centro de Educación Especial. Esto puede empujar a las familias con menos recursos a elegir esta opción, para no perder la terapia gratuita en esos últimos meses.

La atención temprana promueve y facilita el desarrollo integral del menor con algún tipo de discapacidad y es un servicio clave para garantizar la igualdad de oportunidades de cada niño y cada niña. Sin embargo, las familias se topan a diario con una maraña burocrática y unos tiempos de espera que van de los 12 a los 18 meses. De hecho, 2025 cerró con 1.300 familias en lista de espera, con lo que ello supone para los niños y niñas que necesitan de una atención temprana para fortalecer su desarrollo.

“Frente a esa necesidad, tenemos un sistema saturado e ineficaz, donde faltan recursos para valorar a tiempo a niños y niñas y faltan plazas en la red pública”, subrayó durante la sesión la concejala de Feminismos y Diversidad de Rivas, Mimi Chamorro, reclamando al Gobierno regional una atención temprana pública de calidad y basada en los criterios profesionales de los equipos de Atención temprana, que ven como el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (Crecovi) puede cambiar sus informes tras una breve observación.

Frente a esta realidad, el Ayuntamiento de Rivas mantiene un contacto directo con las entidades del municipio a través del Observatorio de Discapacidad. Además, esta semana se ha firmado ante notario la cesión de uso de una parcela a Aspadir para la construcción de un centro de rehabilitación y de día para personas con discapacidad, garantizando su atención después de los 18 años.

SALUD MENTAL

El Pleno aprobó también una moción del Grupo Municipal Socialista, a la que se adhirió el grupo de IU-MM-VQ, para reclamar a la Comunidad de Madrid más financiación y más recursos para la salud mental.

La moción explica que, en 2024, más de 9.200 personas necesitaron atención por enfermedad mental grave en la Comunidad de Madrid y 2.366 personas murieron en la región por trastornos mentales.

Las intervenciones tardías, la saturación de los servicios y el desplazamiento forzado de la ciudadanía hacia la atención privada deriva en la cronificación de los cuadros clínicos. La ratio de profesionales de la psicología clínica en Madrid es de 7,54 por cada 100.000 habitantes, frente a los 20 que recomiendan los colegios de psicólogos.

El Ayuntamiento de Rivas cuenta con servicios específicos destinados a cuidar la salud mental de la ciudadanía a lo largo de todas sus etapas vitales, desde la población más joven hasta las personas mayores. Además, desde Servicios Sociales se está realizando un estudio del bienestar emocional de la población y se acaban de celebrar cuatro talleres de gestión emocional participativa para promover el autocuidado y el bienestar de la ciudadanía.