"¿Cómo le explicamos a un malagueño que su Gobierno autonómico no quiere que el Gobierno de España persiga los alojamientos turísticos ilegales en su ciudad por un tema de competencias?", se preguntó Rodríguez en una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, en la que también lamentó que el Ayuntamiento de Madrid tenga sobre la mesa 15.000 pisos turísticos ilegales y lo que se esté discutiendo es saber quién tiene que luchar contra estos.

La ministra, quien afirmó que desde su Ministerio lo que se está haciendo es "empoderar" a las comunidades autónomas para atajar este problema, reconoció que son las autonomías las que tienen la competencia para perseguir estos inmuebles o para imponer tasas turísticas que luego se reinviertan en vivienda. "Da igual a quién hayan votado los andaluces. Hay una amplia mayoría que concuerdan con la necesidad de regular o prohibir los pisos turísticos porque dificultan el acceso a la vivienda en sus ciudades", aseguró.

APOYOS PARLAMENTARIOS

Asimismo, la ministra puso en valor la Proposición de Ley presentada ayer por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados que sube el IVA al 21% a la vivienda turística, aumenta la carga fiscal a las socimis, promulga rebajas fiscales similares a las de las zonas tensionadas para aquellos inquilinos que alquilen a precios asequibles y a jóvenes y dificulta la compra de segunda vivienda a extranjeros.

Respecto a la confección de una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar este paquete de medidas -algunas propuestas que, como esta, han sido pergeñadas en el Ministerio de Vivienda, como la Ley del Suelo, no han sido refrendadas por el Congreso- afirmó ser conocedora de la "dificultad parlamentaria" pero aseguró que los partidos tienen difícil "asumir un marco que genera un amplio consenso social". "Se trata de acompañar el esfuerzo del Gobierno con medidas de refuerzo fiscal"; aseguró la ministra.

DEFIENDE A GALLARDO

Preguntada por el procesamiento del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez y del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo por la contratación irregular del primero; aseguró que en el caso de que el músico no fuese hermano del presidente del Gobierno "no habría caso".

Asimismo, defendió que Gallardo, recientemente nombrado diputado autonómico en el Parlamento de Extremadura -para que fuese así la diputada María de la Cruz Rodríguez tuvo que dimitir y cuatro miembros de la lista renunciar al escaño-, lo que le da condición de aforado, no dimita y negó que Gallardo esté incumpliendo los estatutos del PSOE.

"La justicia tiene que determinar las responsabilidades de cada uno. Vamos a esperar a los pronunciamientos firmes para tomar posición al respecto", sentenció Rodríguez.