El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, explicó hoy en rueda de prensa que la orden de detención contra De la Rosa fue solicitada en un dictamen entregado al juez el pasado 11 de octubre, después de que en agosto pasado un pequeño accionista de Gran Tibidabo denunciara al financiero por presuntas irregularidades en la gestión de la sociedad.

Jiménez Villarejo dijo que desde las 14 horas del pasado viernes la Fiscaía de Cataluña no tiene constancia del paradero del acusado aunque, según sus abogados, se encuentra en Toledo y tiene intención de presentarse en los Juzgados de Barcelona en las próximas horas.

El fiscal jefe de Cataluña calificó las medidas acordadas contra el financiero como "excepcionales, graves y de gran alarma", aunque añadió que eran justificadas.

Según indicó, el juez dirigirá las diligencias a partir de tres cuestiones investigadas: el supuesto desvío de 1.000 millones de pesetas de unaval de 10.000 millones concedido por la Generalitat para la construcción del parque temático, las presuntas irregularidades cometidas por De la Rosa en Grand Tibidabo y el proceso que se deriva de la creación de esta empresa, cuyos accionistas mayoritarios eran las sociedades Tibidabo y Consorcio Nacional de Leasing.

El juez instructor del caso, a instancias de la Fiscalía, también ha decidido fijar fianzas mediante embargos para cubrir posibles responsabilidades civiles de unos 7.000 millones de pestas, cifra en que se calculan las pérdidas y perjuicios ocasionados a los accionistas de Grand Tibidabo.

Las medidas judiciales no afectarán, por el momento, a miembros de la Administración pública, aunque el resto de responsabilidades penales que se deriven de las administraciones no excluirán esta posibilidad, añadió Jiménez Villarejo.

Paralelamente a la orden de detención dictada contra el financiero, la policía judicial registró esta mañana su domicilio particular, situado en el número 18 de a calle Doctor Fleming de Barcelona, y seis despachos que tiene en esta ciudad y otro en Madrid, vinculados a Grand Tibidabo, principal accionista de Grand Península, promotora del parque que se construye en Vila-seca y Salou (Tarragona).

La Fiscalía de Cataluña abrió diligencias por estas actuaciones antes del verano. Una de ellas está basada en la investigación de oficio por el supuesto uso indebido de 1.000 millones de un aval del Gobierno catalán y concedido por Chase Manhattan Bank para Grand Pennsula.

A lo largo de los últimos meses, la Fiscalía ha ido recibiendo más de un centenar de denuncias de pequeños accionistas de Grand Tibidabo contra el actual y anterior consejo de administración controlado por Javier de la Rosa, según Villarejo.

Grand Tibidabo aprobó el pasado mes de julio la gestión de 1993, que arrojaba pérdidas de más de 1.000 millones de pesetas, aunque la presunta estafa de la que se acusa al financiero aún no ha podido ser calculada.

El fiscal jefe de Cataluña agreg que el trabajo de las investigaciones ha sido de "gran trascendencia y magnitud" y que en las mismas han colaborado asesores contables del Banco de España.