Así lo afirmó Sánchez en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en Madrid, en el que anunció que esta medida será aprobada hoy en Consejo de Ministros para culminar "un sistema que no deja a nadie atrás".

Sánchez recordó que esta medida formaba parte de sus compromisos de investidura para cumplir tres objetivos: reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados y dignificar las condiciones de quienes cuidan. Según el jefe del Ejecutivo, esta inversión multiplica casi por cinco la financiación estatal desde su llegada al Gobierno.

El presidente explicó que con esta medida las personas con grado II de dependencia contarán con el doble de financiación para garantizar su atención. Y quienes tienen un grado III "verán más que duplicado ese apoyo. Y todo ello manteniendo el Grado III+ que aprobamos hace menos de un año para personas con una situación de extrema dificultad, como los pacientes con ELA", señaló.

Así, afirmó que "quienes se preguntan por qué este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y piedras en el camino, yo les digo: la respuesta está aquí". "Seguimos para mejorar la vida de la gente, para ampliar derechos y para construir un país más justo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy porque hacer país es cuidar", explicó.

Sánchez aseguró que entre 2012 y 2020, la aportación del Estado permaneció "estancada" en mínimos históricos. Desde entonces, el Ejecutivo ha triplicado la inversión estatal en dependencia, pasando de poco más de 1.300 millones de euros a casi 3.800 en 2025.

7.239,4 MILLONES EN DEPENDENCIA

Al acto asistió el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Desde su Ministerio ampliaron la información sobre la medida añadiendo que este aumento de la financiación quedará blindado por ley y supondrá que la aportación del Estado a la dependencia alcance un total de 7.239,4 millones de euros en 2027, el doble que la que hubo en 2025.

Así, a partir del 1 de julio, las comunidades autónomas recibirán una mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio. Asimismo, este plan permitirá a los territorios poner en marcha los cambios estructurales que establecerá la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, y consolida el mandato del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española para garantizar derechos e inclusión a las personas con discapacidad.

Por lo tanto, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes. En segundo lugar, las cuantías para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes. Y, por último, las cuantías para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.