El Grupo Popular rechazó todas las enmiendas mantenidas tras la nueva redacción consensuada en la Comisión de Sanidad. Pese a ello, todos los grupos agradecieron el talante negociador de la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, aunque la mayor parte manifestó su deseo de mejorar algunos aspectos del texto en lo que queda de tramitación.

Durante la defensa de sus enmiendas, el Grupo Socialista subayó que la nueva redacción del proyecto permite al Gobierno central ejercer sus competencias en un escenario "en el que las CCAA se sientan cómodas", como señaló la diputada Consuelo Rumí.

Para el PSOE, era necesario un marco legislativo estable, que garantizara nuevas prestaciones y más calidad, como apuntaban las enmiendas socialistas aceptadas en Comisión. A pesar del gran acuerdo alcanzado, los socialistas mantendrán más de 20 enmiendas sobre política de medicamentos.

DESARROLLO REGLAMENTARIO

Jordi Martí, por parte del Grupo Catalán, concedió un alto valor político al consenso logrado durante la negociación del proyecto de Ley, aunque advirtió que estarán atentos a su desarrollo reglamentario y al funcionamiento de los organismos que contempla.

Pese a las "sustanciales mejoras" del texto, CiU defenderá que se mantenga la Alta Inspección en el marco de la Ley General de Sanidad, sin otorgarle nuevas competencias, y que se traspase los inmuebles de los centros sanitarios, actualmente propidad de la Seguridad Social, a las CCAA.

Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida, Marisa Castro, explicó que insistirán en lograr un aumento de la financiación del Sistema Nacional de Salud, como principal eje de cohesión, y manifestó la voluntad de su formación política de llegar a acuerdos posteriores en el ámbito de atención sociosanitaria.

IU mantendrá también sus propuestas, especialmente en materia de representación de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Salud, porque subrayó ue cualquier actuación en los servicios sanitarios sería ineficaz, si no se tiene en cuenta al ciudadano y a los agentes sociales.

AGENCIA DE CALIDAD

El PNV dio su apoyo al dictamen, aunque la diputada Margarita Uría explicó las divergencias de su formación, que continuará defendiendo que la Alta Inspección no cuente con nuevas competencias y que los inmuebles de los centros sanitarios se traspasen a las CCAA.

Confió en que, en lo que queda de tramitación, se puedan tener en cuenta sus propuests sobre la Agencia de Calidad del Sistema, la carrera profesional y los sistemas de información.

María del Mar Julios, por Coalición Canaria, argumentó la abstención de su formación en que, a pesar de compartir muchos aspectos del dictamen, para su grupo es irrenunciable la defensa de la insularidad de las Islas Canarias, un hecho singular que incide tanto en la cantidad como en la calidad de la asistencia que se ofrece en esta región.

La diputada canaria señaló que su comunidad ya se encuentra pr debajo de la media nacional de financiación sanitaria por habitante y año, a lo que se suma su crecimiento poblacional (por encima de la media nacional) y la atención que deben dar a desplazados de la Península y a población extranjera.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Mario Mingo, destacó la actitud dialogante del Ministerio de Sanidad hasta alcanzar un amplio consenso, e insistió en que la ley persigue ofrecer una mejor calidad de los servicios sanitarios y garantizar a todo los españoles los mismos niveles de atención.

Subrayó el papel fundamental que esta normativa deberá ejercer en el futuro del Sistema el Consejo Interterritorial y la incorporación de una suficiencia financiera para incorporar nuevas prestaciones.