Según explica el BNG en el escrito de amparo al que tuvo acceso Servimedia, el pasado 30 de marzo solicitó al Gobierno el contrato de compraventa de Santa Bárbara, petición que fue denegada en una resolución del 30 de mayo dictada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández Díaz.

En este sentido el BNG recuerda que tanto en la Constitución como en el Reglameto del Congreso de los Diputados se contempla el derecho de los diputados a recabar de las administraciones públicas, para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, cuantos "datos, informes o documentos obren en poder de éstas".

Añade que Fernández Díaz justifica la denegación del contrato en el secreto comercial derivado de la aplicación del Código de Comercio y en la existencia de una claúsula de confidencialidad en el citado contrato.

Con respecto al secreto comercial el BNG asegua que la aplicación del Código de Comercio a un contrato público de compraventa, como cualquier actuación administrativa, debe estar sujeta no sólo a control judicial, sino también al contable y al parlamentario.

En lo referente a la confidencialidad, el BNG aduce que, en su opinión, resulta contraria al ordenamiento jurídico una claúsula "en cuya virtud se pretenda la inaplicación de los controles y cautelas establecidos con carácter imperativo por la normativa reguladora de la actuación de las adminstraciones públicas y para cuya efectividad la publicidad del contrato es imprescindible".

El Grupo Parlamentario Socialista presentó una solicitud de amparo a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, hace tres semanas por la misma causa, la denegación por parte del Gobierno del contrato de compraventa de Santa Bárbara.

Según indicó a Servimedia el portavoz socialista en la Comisión de Defensa, Jordi Marsal, la presidenta de la Cámara Baja remitió el acuse de recibo de la petición de ampao el día 25 de junio, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna nueva noticia sobre su solicitud.