Así se puso de manifiesto durante un diálogo organizado por la agencia de noticias Servimedia junto a Daño Cerebral Estatal bajo el título ‘El ocio inclusivo como indicador de calidad de vida y participación social en el daño cerebral adquirido (DCA)’, en el que participaron la vicepresidenta de Daño Cerebral Estatal y directora de Daño Cerebral Andalucía, Rocío de la Rosa, y la doctora en Ocio y Potencial Humano de la Universidad de Deusto, Aurora Madariaga Ortuzar, entre otros.

Rocío de la Rosa valoró muy positivamente el anuncio y aseguró que el aumento presupuestario responde a una necesidad urgente de las personas con discapacidad y dependencia. “La palabra incremento de presupuesto nos suena a trompeta celestial”, afirmó. “Por supuesto que lo celebramos. La discapacidad necesita más recursos porque, si no se invierte, muchas personas nunca podrán tener una vida plena”.

Asimismo, destacó que el refuerzo económico debería facilitar el desarrollo de políticas relacionadas con la participación social y el ocio inclusivo. “Es una reivindicación histórica tanto del sector como de las comunidades autónomas. Con más financiación habrá una excusa menos para no abordar cuestiones tan importantes como el acceso al ocio”, subrayó.

Por su parte, Aurora Madariaga respaldó el aumento de la inversión pública, aunque advirtió de que los recursos económicos no resolverán por sí solos las dificultades que afrontan muchas personas dependientes. “Como ciudadana me parece perfecto, e incluso mejor si fuera el doble”, señaló.

Sin embargo, alertó de que los tiempos de acceso a las prestaciones continúan siendo uno de los principales problemas del sistema. “En enfermedades neurodegenerativas o situaciones sobrevenidas las ayudas tienen que llegar antes. A veces la burocracia es tan lenta que hay personas que fallecen sin haber podido ejercer derechos que ya tenían reconocidos”, lamentó.

Madariaga también reclamó una reflexión sobre la financiación de los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de actividades de ocio en igualdad de condiciones. “Hay que decidir quién financia los recursos y apoyos que necesita una persona para participar en su ocio. Si seguimos cargando toda esa responsabilidad sobre los servicios sociales, vamos a perder oportunidades de inclusión”, concluyó.