El senador socialista Miguel Ángel Nacarino, encargado de defender esta moción, explicó que la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas data del año 2014, lo que hace que su contenido esté "desfasado" y no cumpla con las directivas europeas más modernas. "Ante un panorama de profundas transformaciones y cambios, la sostenibilidad se ha convertido en un pilar real imprescindible para cualquier organización", afirmó.

Sobre el Cerse, aseguró que ha de ser el "catalizador" para reactivar las políticas públicas de responsabilidad social empresarial. "Queremos que esté reconocido institucionalmente, con mayor participación de organizaciones sindicales y empresariales y competencias actualizadas, renovadas y ampliadas. Los compromisos como la reducción de la huella de carbono, la transición hacia la economía circular, la reducción del consumo de agua o el impulso de la igualdad de género deben incorporarse a la forma de pensar, sentir y actuar de todas las organizaciones, tanto públicas como privadas", aseveró el senador socialista, quien llamó a que este posea naturaleza "colegiada, interministerial y de carácter asesor y consultivo".

Nacarino explicó que para el cumplimento de estos compromisos la labor de la administración pública es esencial, pero aclaró que el tejido productivo ha de implicarse de la misma manera. "En las sociedades democráticas y avanzadas, las empresas han de ser un instrumento al servicio del interés general, más allá del beneficio económico", defendió, a la vez que hizo un llamamiento a implicar a las pymes, que representan al 98% del tejido productivo, en el propósito de crear un modelo social y medioambiental más inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

"Por todo ello, creemos que el Gobierno de España debe diseñar y promover un nuevo marco estratégico de responsabilidad social de las empresas, contextualizado a la situación actual y alineado con los principios de justicia social, transición ecológica y democracia en el trabajo, con el fin de reorientar el papel de las empresas", aclaró Nacarino, quien llamó a que todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, a comprometerse de forma "tangible" con los derechos humanos, el medioambiente, la transparencia y el buen gobierno corporativo, más allá de su propia imagen, lo que les permitirá abordar nuevas oportunidades en materia de competitividad e internacionalización.

PP PRESENTA UNA ENMIENDA

El grupo popular, gracias a cuya abstención de aprobó dicha moción, presentó una enmienda de sustitución que no fue finalmente aprobada. En su intervención, el senador Juan Manuel González afirmó que considera "esencial" la reactivación del Cerse como espacio de diálogo real entre el sector público y la sociedad civil. "España necesita avanzar en sostenibilidad, no desde la imposición y la burocracia, sino desde su desarrollo efectivo y el sentido práctico", aclaró González, quien afirmó que el Cerse debe ofrecer coordinación y experiencia para que las políticas de sostenibilidad vayan más allá de los titulares y ofrezcan resultados concretos.

"Queremos que el Cerse colabore en la transposición de las directivas europeas de sostenibilidad y transición verde, garantizando un seguimietno riguroso y eficaz", aseveró, quien instó a que las pymes puedas acceder e información y asesoría de fondos europeos sin verse desbordadas por trámites imposibles. También pidió que el Cerse emita informes técnicos sobre la transición energética, asegurando que la sostenibilidad no se convierta en un freno para la competitividad y el empleo y que se fomente la educación en transparencia empresarial y la lucha contra el 'greenwashing', de tal forma que se refuerce la confianza ciudadana en las instituciones y empresas.

Por último, González remachó que para el Partido Popular "no es un eslogan", sino un compromiso que exige "seriedad, participación y resultados concretos".

FALTA DE CONCRECCIÓN

Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), María Dolores Etxano, aunque se mostró a favor del espíritu de la iniciativa, mostró sus objeciones a aspectos técnicos de la misma. "La iniciativa es ambigua y en ella se mezcla la responsabilidad social con la diligencia activa", aseguró la senadora vasca, quien también echó en falta un reglamento de disposición y sanción y lamentó que que se establezca una "gobernanza difusa" del Cerse.

Para Extano, la iniciativa presentada por el PSOE "carece de hoja de ruta y presupuestos y aseguró que el Gobierno tendría que coordinarse con las Comunidades Autónomas en un marco de aplicación "coherente" que integre la taxonomia y la diligencia debida, con una ventanilla que no sea exclusiva del estado, con apoyo técnico y objetivos claro de cumplimiento.

Por último, la senadora de ERC Sara Bailac celebró que se pase del 'laissez faire' a entender que los poderes públicos tienen un 'rol activo' en el desarrollo social del país y aseguró las políticas públicas deben "poner de su parte", respetar las competencias y reconocer las buenas practicas de las comunidades autónomas. "Ante llamamiento un tanto genéricos tenemos que tener en consideración deben reconocer el papel de las comunides autónomas en el marco de sus competencias. Más allá de este llamado de buenas intenciones, se espera de nosotros una visión crítica y constructiva que aporte valor", sentenció.