Según el portavoz del PP en la Comisión, Fernando de Rosa, “estas juntas arbitrales son las grandes desconocidas”, ya sea por falta de información sobre su existencia, o bien porque se ignora que también pueden atender las quejas y reclamaciones relacionadas con la discriminación por discapacidad.

De hecho, el Real Decreto 1417/2006 prevé la participación de las asociaciones representativas del sector en dichos organismos, explicó De Rosa.

Sin embargo, “incluso las entidades de defensa de estas personas y sus familias” ignoran que pueden acudir a estas juntas, prosiguió, cuando “este sistema de arbitraje extrajudicial puede resultar muy beneficioso”.

A su juicio, puede evitar “la doble victimización” de aquellas personas que han sido discriminadas a causa de su discapacidad, que además de al delito en sí “se enfrentan a un proceso burocrático y farragoso”. Ello se solucionaría acudiendo a este sistema, indicó , igual que se resuelven muchas reclamaciones en el ámbito del consumo.

La propia Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así lo contempla, siempre que “las partes decidan de forma expresa” que lo prefieren. Es importante el carácter “voluntario de esta alternativa, pues lo contrario supone renunciar al derecho de tutela judicial de todos los ciudadanos, subrayó el senador.

Por ello, defendió la promoción de campañas divulgativas para que las asociaciones y las propias personas con discapacidad conozcan esta oportunidad y la utilicen.

DERECHOS

El Senado aprobó además de forma unánime otra moción para dar cumplimiento al mandato de la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, según la senadora popular Violante Tomás, presenta “múltiples incumplimientos” pese a haber sido firmada por España en 2008.

Entre otros puntos, la iniciativa pide al Gobierno “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la convención”.

Esto incluye la modificación de leyes y reglamentos que puedan ir en contra de este tratado; considerar la promoción de los derechos de este colectivo en todas las políticas y programas públicos, y actuar para evitar que empresas, instituciones o personas particulares discriminen por razón de discapacidad.

También insta al Ejecutivo a promover la investigación en diseño universal y a facilitar el acceso a ayudas, nuevas tecnologías y productos de apoyo para favorecer la autonomía personal y la inclusión del colectivo.

La Comisión aprobó también una moción a instancias del Grupo Mixto para ampliar el número de enfermedades que “deben formar parte , como mínimo, del programa de cribado neonatal” que contempla el Sistema Nacional de Salud.

Estas son siete en la actualidad, aunque casi todas las comunidades autónomas tienen una oferta superior en su cartera de servicios que, eso sí, “presenta grandes disparidades”. Por eso, la moción –aprobada por 17 votos a favor y 12 abstenciones- pide tomar como ejemplo “la experiencia de aquellas comunidades que contemplan mayor número de patologías” en sus sistemas de cribado.

Todo para que, según el senador de UPN Alberto Catalán, “no haya recién nacidos de primera y de segunda” en función del lugar donde nazcan.

Finalmente, salió adelante una moción del PSOE para mejorar el tratamiento de las situaciones de discapacidad asociadas a las enfermedades poco frecuentes, que pide aprobar “cuanto antes” el Baremo de Valoración de la Discapacidad y actualizar los criterios que utiliza.